14 de agosto, 2023
El Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, acompañado por Cristosal, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos por un miembro de la comunidad que obtuvo una orden de liberación inmediata en junio, sin embargo, las autoridades penitenciarias no han cumplido con esta medida y aún no lo han puesto en libertad.
Esta persona fue arrestada inicialmente en abril de 2022. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el Juzgado Especializado de Instrucción ordenó su liberación y estableció medidas alternativas a la detención provisional.
En noviembre de 2022, fue arrestado por segunda vez cuando salía del Centro Penitenciario de Izalco, en Sonsonate. El Tribunal encargado del proceso de la recaptura se declaró incompetente para tratar la nueva acusación contra este miembro de la comunidad argumentando que ya estaba siendo juzgado por el mismo delito en otro Tribunal Contra el Crimen Organizado. Por lo tanto, ordenó su inmediata libertad y se emitió un oficio al director del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El 12 de junio de 2023, el CECOT fue notificado de esta resolución, pero hasta la fecha esta persona permanece detenida.
El comité pidió a la PDDH agilizar la respuesta a este caso, así como otras 42 denuncias que han presentado por personas afectadas por el régimen de excepción del Bajo Lempa.
Nuestro director de litigio estratégico, Abraham Abrego, explicó que en el contexto del régimen de excepción, las recapturas en la salida de los centros penales se han convertido en una práctica constante, tal como evidencia el reciente informe de Cristosal, que entrevistó a familiares y a personas que estuvieron en cárceles en el marco del régimen. Con respecto al trabajo de la PDDH expreso «Las víctimas siguen esperando respuesta de la institución».
Comunicado de prensa completo aquí: