Las reformas a la legislación penal y procesal penal y otras aprobadas a partir de marzo de este año; así como las propuestas de reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de Telecomunicaciones -aún en revisión en la Asamblea Legislativa- suponen un grave retroceso a los límites y garantías que establece la Constitución y los tratados internacionales.
Este documento analiza las reformas ya aprobadas y otras que han sido presentadas relacionadas al proceso penal y cómo la mismas conllevan un regreso al modelo inquisitivo y a la desprotección de los derechos humanos de la población salvadoreña.
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