La sistemática apuesta por el reforzamiento de los cuerpos de seguridad y el endurecimiento de políticas antiviolencia en El Salvador han implicado una inversión monetaria significativa con el fin de erradicar la inseguridad en el territorio. Con esta premisa, los gobiernos han incrementado progresivamente el involucramiento de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, aunque la Constitución de la República establece que su intervención se limitará a la defensa de la integridad del territorio.