El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019-2025)

Durante las últimas décadas, América Latina ha experimentado transformaciones en sus sistemas políticos. No obstante, en el contexto de gobiernos autoritarios o híbridos persisten, e incluso se reconfiguran, prácticas estatales de persecución contra quienes cuestionan el ejercicio o la distribución del poder público. Estas prácticas alcanzan a defensoras y defensores de derechos humanos, actores de contraloría social, críticos de políticas públicas y miembros de la oposición organizada en partidos políticos. Estas formas represivas se han adaptado en función de las herramientas disponibles, pero suelen evolucionar hacia un modelo de persecución judicializada, donde el sistema judicial, en especial el penal, se convierte en el arma predilecta de los gobiernos autoritarios contemporáneos. Las tácticas se ajustan al perfil de la víctima y al grado de amenaza percibida por quienes ostentan el poder. Así, ya sea mediante «juicios políticos» o a través de procesos judiciales revestidos de legalidad pero con un propósito ulterior de castigar la disidencia, los regímenes autoritarios de la región han perfeccionado un repertorio de coerción legal que les permite perseguir bajo una apariencia de legitimidad institucional. Este fenómeno no solo evidencia la judicialización de la política, sino que también revela una paradoja perversa: las instituciones diseñadas para proteger derechos son sistemáticamente vaciadas de su contenido garantista y reconvertidas en instrumentos de exclusión política.

El Salvador no ha sido la excepción. Desde la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019 se han acelerado el deterioro democrático y la concentración del poder, con un punto de inflexión crítico en 2021 tras la captura política de las principales instituciones de justicia. Desde entonces, la institucionalidad judicial y fiscal ha estado sujeta a una influencia política indebida y sistemática, limitando su capacidad de controlar al poder político y de garantizar los derechos humanos.

En este contexto, se ha desplegado una estrategia de persecución política que combina acciones judiciales, extrajudiciales y mediáticas contra personas identificadas como disidentes del régimen. Estas acciones han tenido un efecto silenciador y disuasorio sobre el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión, la participación política y la protección de quienes defienden derechos humanos.

Frente a este escenario, el presente informe busca analizar los factores que explican el resurgimiento de la persecución política en El Salvador, a partir de la documentación de los casos registrados entre junio de 2019 y mayo de 2025.