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Ciudad de Guatemala, 9 de diciembre de 2025
El caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños ha sido finalmente elevado a fase plenaria. Esta resolución, notificada por la jueza de Instrucción de San Francisco Gotera el 26 de noviembre de 2025, abre el camino para la programación de la vista pública a corto plazo y es el resultado de más de cuatro décadas de lucha de las víctimas. Hasta hoy, no se ha informado sobre eventuales apelaciones por parte de la defensa.
Este paso no es solo procesal: refleja el incansable trabajo de sobrevivientes y familiares que, durante 44 años, han luchado por su dignidad y sostenido la búsqueda de justicia frente a un Estado que, una y otra vez, ha intentado cerrarles la puerta de la verdad y asegurar impunidad a favor de los perpetradores de este crimen de guerra y de lesa humanidad.
El juicio será dirigido contra el exministro de Defensa Guillermo García —señalado como máximo responsable— y contra 12 oficiales del Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de El Salvador por los delitos de asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada, por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual se exterminó a más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, por lo que representa la mayor masacre perpetrada en América Latina en el contexto contemporáneo.
El avance del caso ha sido posible gracias a la fundamental prueba testimonial brindada de forma valiente por las personas sobrevivientes; así como los resultados forenses sobre los fragmentos óseos recuperados bajo la coordinación y análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense, aunados a los peritajes técnicos impulsados por la acusación particular, integrada por Cristosal y Tutela Legal.
Este progreso ocurre a las puertas del 44.º aniversario de la masacre, y también en un tiempo marcado por las deudas históricas del Estado:
- 35 años desde la denuncia original;
- 13 años desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó juzgar a los responsables;
- 9 años desde la reactivación del caso tras la anulación de la amnistía que se aplicó al caso por 23 años.
- Más de 140 víctimas murieron sin ver justicia.
Durante décadas, los gobiernos salvadoreños han tratado de proteger a los responsables de la masacre y, por mucho tiempo, negaron su existencia. En 1992, el expresidente Alfredo Cristiani negó la existencia de archivos militares vinculados al caso; en 2020, el presidente Nayib Bukele bloqueó inspecciones judiciales en estos archivos militares; y, en 2021, el golpe al poder judicial destituyó al juez del caso, provocando un nuevo estancamiento.
Sin embargo, como ha destacado Cristosal con anterioridad, pese a los obstáculos, el proceso judicial incorpora prueba contundente sobre los hechos y la cadena de responsabilidades de los oficiales acusados. La justicia para las víctimas de este atroz crimen es un deber ineludible del sistema de justicia salvadoreño.
Cristosal ha acompañado esta lucha desde la reapertura del caso en 2016 y hasta su cierre de operaciones en El Salvador en 2025, provocada por la persecución política del régimen actual contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, nuestro compromiso con las víctimas sigue firme e instamos a que esta etapa decisiva del caso de la masacre de El Mozote sea respetada y se permita la aplicación de la justicia sin ningún tipo de instrumentalización o propaganda política desde los poderes del Estado.