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Tegucigalpa, 14 de agosto de 2025.
A más dos años de su implementación, el estado de excepción en Honduras ha dejado de ser una medida temporal para convertirse en una política permanente con graves consecuencias para los derechos humanos y la democracia. Así lo confirma Cristosal en su informe “Estado de excepción y violencia estructural”, en el que alerta que la continuidad de la medida puede comprometer la legitimidad de las elecciones de 2025.
El estado de excepción ha sido prorrogado 22 veces y ampliado a más de la mitad del territorio nacional, sin control legislativo ni evaluación pública. Esto ha implicado la suspensión de derechos fundamentales —como la libertad de circulación, reunión y debido proceso— y una creciente militarización de la seguridad pública, en la que cuerpos como la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipamco) actúan sin supervisión civil.
El informe recopila testimonios y datos oficiales que muestran una alta incidencia de detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza y casos de tortura y tratos crueles, incluso contra niñas, niños y adolescentes. Entre diciembre de 2022 y mayo de 2024, la cifra oficial de detenidos era de 9,668 personas detenidas, de estas, 91% son hombres, muchos de ellos jóvenes, lo que revela un patrón de estigmatización y criminalización basado en perfilamiento. A esto se suma el deterioro del sistema penitenciario, con niveles críticos de sobrepoblación que violan estándares internacionales.
La investigación también muestra que el estado de excepción ha generado impactos psicosociales profundos, con altos niveles de ansiedad, miedo y retraimiento en comunidades vulnerables. Mujeres, juventudes y población LGBTIQ+ enfrentan formas específicas de violencia y discriminación. Las organizaciones comunitarias se han debilitado, y muchas personas optan por el silencio o la migración como mecanismos de protección.
Cristosal también advierte que mantener el estado de excepción durante el proceso electoral podría afectar la libertad del voto, el acceso equitativo a la campaña y la participación ciudadana, al restringir libertades clave como la reunión, la asociación y la circulación. También alerta sobre la presencia intimidante de cuerpos armados en los territorios, incluso en centros educativos y espacios públicos, lo cual podría trasladarse al contexto electoral.
Ante este panorama, Cristosal hace un llamado al Estado hondureño a poner fin a la prolongación del régimen de excepción, restablecer el pleno respeto a los derechos humanos, y garantizar un entorno democrático de cara a las elecciones de 2025.
Cristosal concluye que el estado de excepción ha normalizado la suspensión de derechos sin resolver las causas estructurales de la violencia. Lejos de garantizar seguridad, ha profundizado el miedo, debilitado la democracia y afectado con mayor dureza a los sectores más vulnerables. La experiencia de estos dos años demuestra que no hay verdadera seguridad sin derechos humanos, ni justicia sostenible sin instituciones democráticas y control civil.