Ciudad de Guatemala, 18 de julio 2025
Desde Cristosal celebramos la liberación de un grupo de personas que estaban detenidas injustamente por los gobiernos de El Salvador, Venezuela y Estados Unidos. No obstante, esta medida no borra la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por estos gobiernos.
Esta liberación es sin duda un avance, pero no debe verse como un acto de justicia, sino como parte de un acuerdo político para intercambiar personas que habían sido detenidas de manera ilegal. Por tanto, consideramos que este hecho se acerca más a un intercambio de rehenes realizado fuera de todo marco de derecho internacional humanitario, y que muestra como algunos gobiernos usan el encierro injustificado de personas como si fuera una moneda de cambio.
Tanto El Salvador como Estados Unidos intentaron justificar la detención de un grupo de venezolanos diciendo que estaban ligados a grupos criminales. Pero las investigaciones de Cristosal muestran que más del 90% no tienen antecedentes penales, no enfrentan procesos judiciales y no hay pruebas que los relacionen con delitos.
En El Salvador, la falta de instituciones democráticas fuertes, de jueces independientes y de leyes que realmente protejan a las personas, permitió que estos ciudadanos venezolanos estuvieran encarcelados por más de cuatro meses sin razón legal. Durante ese tiempo, sus familias y defensores no supieron nada de ellos, ni pudieron comunicarse, lo que los dejó en una situación de desaparición forzada, lo que va en contra de las normas internacionales que protegen los derechos humanos.
También preocupa la situación de los venezolanos con estatus de asilo o que estaban tramitándolo en Estados Unidos antes de su detención. Enviar a estas personas de regreso a Venezuela pone en riesgo su seguridad y va contra la regla internacional que prohíbe devolver a alguien a un lugar donde su vida corra peligro, por lo que es indispensable que la comunidad internacional vigile el caso y se establezcan garantías de respeto a su integridad y tránsito a un país seguro.
Cristosal acompañó a más de 150 familias venezolanas que luchan por los derechos de sus familiares encarcelados y se presentaron casi 80 solicitudes de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. Ninguna ha tenido respuesta.
En El Salvador hay más de 86,000 personas detenidas sin poder comunicarse con sus familias, sin acceso a un juicio justo ni a una defensa adecuada. Entre ellos, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. Por todo esto, exigimos que se investigue y se rinda cuentas. Todos los gobiernos involucrados deben responder por las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las deportaciones ilegales. La justicia debería estar regida por un Estado de derecho y no depender de conveniencias políticas. Esta liberación es solo el comienzo, pero la lucha por la verdad, la justicia y la reparación apenas comienza.
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