San Salvador, 21 de mayo de 2025
Las articulaciones, organizaciones, colectivos de sociedad civil salvadoreña y organizaciones internacionales aliadas firmantes denunciamos con profunda preocupación la creciente persecución y criminalización que enfrentan líderes comunitarios, sindicales, así como defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales en El Salvador.
Condenamos la reciente captura de Ruth Eleonora López y otras personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales, como el abogado y defensor Alejandro Henríquez y el líder comunitario y pastor Ángel Pérez. Estos hechos forman parte de una estrategia sostenida de deslegitimación y campañas de desprestigio que tienden a la criminalización y censura de la defensa de derechos humanos por parte del Estado salvadoreño, que atenta directamente contra el derecho a organizarse, expresarse libremente y participar en la vida pública del país.
Rechazamos enérgicamente las acusaciones infundadas y los discursos estigmatizantes emitidos por representantes del Estado salvadoreño, que buscan desacreditar y difamar el trabajo legítimo de las organizaciones sociales y su valioso aporte al desarrollo del país desde la defensa de derechos humanos y el acompañamiento a la población en mayor situación de vulnerabilidad. Esta narrativa no sólo es falsa, sino que representa un retroceso a derechos fundamentales como la participación ciudadana, la libertad de expresión, la independencia de poderes y la contraloría de la sociedad civil frente al poder del Estado, ambiente que promueve el temor entre la ciudadanía salvadoreña.
En este contexto, señalamos las graves consecuencias por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone un impuesto del 30% a los fondos provenientes de la cooperación internacional, además de controlar, restringir y especialmente criminalizar la organización comunitaria y la defensa de los derechos humanos cuando estas no se alinean a los intereses del gobierno.
Este tipo de legislación no solo amenaza la sostenibilidad de cientos de proyectos sociales, culturales, educativos, comunitarios y ambientales, que atienden las necesidades de poblaciones históricamente excluidas y desatendidas por el Estado salvadoreño por falta de capacidad o voluntad política, sino que además limita gravemente el derecho de las comunidades más vulnerables a organizarse, participar y defender sus derechos.
Con esta ley se perderán oportunidades para acceder a proyectos productivos, programas educativos para niños, niñas y jóvenes, campañas de salud, formación laboral, atención psicosocial, espacios culturales y comunitarios, entre otros. Estas iniciativas han buscado reducir la brecha de desigualdad en la que viven miles de familias salvadoreñas, especialmente aquellas en situación de pobreza y exclusión, donde el Estado salvadoreño no llega.
Durante décadas, las organizaciones sociales y ONGs hemos contribuido a la construcción de espacios participativos, abierto oportunidades laborales y hemos promovido el desarrollo de las comunidades, desde la solidaridad, el compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana.
Por ello, desde la articulación de organizaciones sociales reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño y exigimos al Estado:
- La liberación inmediata de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales detenidas arbitrariamente, así como el cese de todo proceso judicial sin fundamento, carente de garantías y del debido proceso.
- El respeto y garantías plena del derecho a la libre asociación, la participación ciudadana, la libertad de expresión, sin amenazas, represalias ni estigmatización hacia quienes defienden los derechos fundamentales.
- El veto o derogación de la Ley de Agentes Extranjeros, por ser una normativa que promueve la criminalización, el control y la censura contra las organizaciones sociales, así como su impacto en las poblaciones más empobrecidas y vulneradas, quienes perderán el acceso a programas y proyectos de salud comunitaria, atención psicosocial, prevención de la violencia contra mujeres y niñas, apoyo a emprendimientos, acompañamientos a víctimas, así como la defensa del territorio y la naturaleza
Ninguna ley debe ser diseñada para condenar la defensa de los derechos humanos, ninguna ley puede silenciar la dignidad organizada.
Las organizaciones sociales y defensoras de DDHH hemos sido un soporte histórico frente al abandono estructural del Estado, hemos contribuido a generar cambios favorables en nuestra sociedad, a reducir las desigualdades y a impulsar la creación de leyes que garanticen los derechos humanos y resguarden la naturaleza como bien común.
En este sentido, hacemos un llamado a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático acreditado en el país a acompañar y solidarizarse con la lucha histórica de una sociedad que ha logrado avanzar hacia procesos democráticos y de justicia, luego de décadas marcadas por la violencia y la represión. Hoy, esos avances se ven nuevamente amenazados. En particular, hacemos un llamando a los organismos internacionales de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, a poner atención y dar el debido seguimiento a los graves acontecimientos que están sucediendo en el país, y a demandar al Estado que desista de impulsar medidas contrarias a sus obligaciones internacionales y que agravan la crisis democrática que vive El Salvador.
Reiteramos que defender DDHH no es delito es un deber y un derecho ciudadano que debe ser garantizado, respetado y protegido por el Estado. Ni el autoritarismo, la represión, la falta de garantías judiciales, las políticas y leyes que afectan a la ciudadanía son el camino a la democracia y al Estado derecho, por el contrario, son prácticas que en el pasado han dejado heridas de las que aún no hemos sanado. Por eso y por una sociedad justa y democrática el camino es trabajar por los derechos humanos y el respeto y garantías para toda la ciudadanía, especialmente la que está en mayor situación de vulnerabilidad.
Suscribimos el presente pronunciamiento las siguientes organizaciones sociales nacionales e internacionales:
- Alianza Ciudadana Contra la Privatización de la Salud
- Asamblea Feminista de El Salvador
- Asociación de Periodistas de El Salvador – APES
- Cristosal
- Instituto de Derechos Humanos de la UCA – Idhuca
- Foro Nacional de Salud
- Mesa por el Derecho a Defender Derechos – MDDD
- Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora UNT
- Servicio Social Pasionista – SSPAS
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