Ciudad de Guatemala, 30 de abril de 2025
Este informe documenta las condiciones que enfrentan las personas migrantes a lo largo de la ruta que atraviesa Guatemala, con especial atención los tramos que pasan por Esquipulas y la frontera de Agua Caliente. A partir del trabajo de investigación realizado por un equipo de Cristosal se evidencian múltiples vulneraciones a los derechos humanos de las personas en tránsito, destacando patrones sistemáticos de extorsión, explotación económica y abuso. Las prácticas de violencia y aprovechamiento, ejercidas tanto por autoridades locales –en particular la Policía Nacional Civil (PNC)– así como otros actores, reflejan un entorno de alta vulnerabilidad
que afecta de manera crítica a quienes cruzan el país en busca de protección o mejores condiciones de vida.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la existencia de una cuota que las personas migrantes deben pagar para continuar su trayecto. Esta extorsión ejercida por agentes de la PNC se manifiesta como un fenómeno sistemático que afecta tanto a quienes utilizan transporte privado como a quienes se desplazan en grupos. Diversos testimonios documentados en este informe señalan que los montos exigidos por las autoridades oscilan entre $3 y $25 por persona, dependiendo del medio de transporte utilizado. Estos pagos, usualmente exigidos como condición para permitir el tránsito o la permanencia en el país, carecen de fundamento legal y constituyen actos de abuso de poder por parte de las autoridades. Según el boletín anual de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 se registraron 575,779 personas migrantes que ingresaron a México desde Guatemala. De acuerdo con la información recabada, cada persona migrante paga en promedio Q510 en cobros extorsivos. En este sentido, se estima que estas prácticas podrían haber generado ingresos ilícitos por un total de Q293,647,290, equivalente a aproximadamente $37.6 millones de dólares.
Otro aspecto preocupante es la explotación económica que enfrentan las personas migrantes a través del cobro de sobreprecios de productos o servicios. Las tarifas infladas por transporte, alimentos y la recepción de remesas son algunas de las formas más comunes de abuso. A esto se suma la precariedad laboral: los trabajos que logran conseguir suelen estar mal remunerados y, con frecuencia, se les paga menos que a los trabajadores guatemaltecos por realizar las mismas labores, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad.
El informe también señala la precariedad del acceso a servicios básicos, particularmente en el ámbito de la salud. Testimonios documentados revelan que las personas migrantes en tránsito son frecuentemente rechazadas en los centros de salud. Esta exclusión del sistema público de atención médica se convierte en una vulneración que incluso puede poner en riesgo su vida, como lo evidencia el caso de una mujer migrante que, tras enfermarse, fue despedida de su empleo en un hotel y quedó completamente desprotegida, sin acceso a tratamiento ni cuidados médicos.
La presencia de “facilitadores” o intermediarios constituye otro factor preocupante en la ruta migratoria. Pareciera que estos actores operan en consorcio con traficantes de personas; ofrecen asistencia a las personas migrantes a cambio de pagos adicionales que, en muchos casos, se suman a las extorsiones impuestas por agentes de la policía. Su accionar no solo encarece el tránsito, sino que también podría estar vinculado a redes de tráfico de personas, lo que incrementa significativamente los riesgos de abuso, explotación y trata durante la ruta migratoria.
Finalmente, este informe pone en evidencia la compleja red de retenciones y controles – tanto oficiales como no oficiales– establecidos a lo largo de la ruta migratoria en Guatemala. Estos puntos no solo representan obstáculos físicos, sino también mecanismos sistemáticos de extorsión y control. En resumen, los hallazgos representan una situación alarmante de abuso y explotación que enfrentan las personas migrantes en tránsito. La combinación de extorsiones, discriminación,
acceso limitado a servicios básicos, explotación laboral y ausencia de protección del Estado, incrementa significativamente su vulnerabilidad.
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