28 de noviembre/ 2023
“Los hallazgos son contundentes. Hoy en El Salvador el espacio para forjar acuerdos comunes, el espacio cívico, se está cerrando. Hoy hablar, proponer alternativas, hacer solicitudes incomodas, pedir información pública, denunciar abusos y exigir derechos y justicia, trae consecuencias”. Esto dijo el director de Cristosal, Noah Bullock, sobre la presentación del informe “Sociedad Civil en Alerta: investigación sobre afectaciones al derecho de asociación”.
Para este informe, Cristosal sistematizó la experiencia de 71 organizaciones de todo el país, agrupando los patrones de vulneraciones a partir de las categorías de tres derechos: participación, expresión y asociación.
Por décadas, las organizaciones de la sociedad civil han contribuido al desarrollo social a través de propuestas de ley, garantía de servicios, la defensa del medio ambiente, empoderamiento de la mujer, organización comunitaria, defensa de víctimas y rescate de la memoria histórica, entre otras, como parte de sus conquistas.
“Nosotros, en el Bajo Lempa, somos una zona altamente productiva de granos básicos y frutas. También en el tema avícola. También logramos servicios básicos, educación. Pero esto no ha sido gracias al Estado salvadoreño, sino gracias a la organización de las comunidades y el acompañamiento de la ayuda internacional. La organización y la memoria histórica son dos cosas fundamentales para nosotros, dos temas que actualmente parecen ser un problema”, comentó Oswaldo Ortiz, de las organizaciones del Bajo Lempa, durante la presentación del informe.
Pese a la importancia de su trabajo, actualmente las organizaciones están en peligro. De acuerdo con la investigación, hay patrones muy graves, como el acoso policial. Un ejemplo es el registro arbitrario y abuso de autoridad en sedes de organizaciones y en las casas de representantes de estas, amenazando incluso con aplicar el régimen de excepción.
Además, es común que las vocerías de estas organizaciones sufran acoso y ataques en redes sociales. Otros patrones son la eliminación de espacios de participación ciudadana en la administración pública, la negativa de acceso a la información y el retraso o impedimento en la legalización de sus entidades. Este último tiene un impacto significativo, ya que impide a algunas organizaciones acceder a financiamiento y proyectos de cooperación.
En cuanto a la percepción del futuro, las organizaciones anticipan un escenario caracterizado por condiciones cada vez más hostiles y complicadas, entre ellas la preocupación sobre el cierre de sus organizaciones, debido al acoso administrativo y legal desde instituciones estatales. Además, contemplan la posibilidad de que muchas organizaciones se vean obligadas a abandonar el país. La expectativa general es que la situación empeore, especialmente después de las elecciones del próximo año.
“Sin nuestro trabajo en Santa Ana, solo este año, más de 800 juventudes y mujeres no hubiesen recibido información y asesoría sobre sus derechos. Otras no tendrían acceso al agua. Decenas de mujeres emprendedoras no hubiesen recibido el apoyo en sus negocios para lograr su autonomía económica y muchas mujeres en situación de violencia no hubiesen recibido apoyo jurídico. Y víctimas de feminicidios hubieran quedado en el silencio. Si nuestro trabajo, como siempre, las más afectadas serían las mujeres en situación de vulnerabilidad”, concluyó Wendy Fernández, de la Asociación por el Respeto de los Derechos de la Mujer Salvadoreña (ARDEMUSA).