Históricamente, en Honduras se ha combatido el crimen organizado bajo medidas como la creación de nuevas policías (DPI, PMOP), la depuración de los órganos policiales y los comités de seguridad civiles en las comunidades; pero sin contar con políticas de seguridad integrales, lo que ha provocado la remilitarización de la sociedad y las colusiones entre los órganos de seguridad y las bandas del crimen organizado.
En este documento desarrolla un análisis del Decreto PCM 29-2022 de conformidad con los marcos constitucionales y de derechos humanos.
Lea el informe completo en este enlace: Análisis jurídico estado de sitio en Honduras.
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