{"id":9993,"date":"2021-10-11T21:52:00","date_gmt":"2021-10-11T21:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cristosal.org\/ES\/?p=9993"},"modified":"2026-04-13T18:39:04","modified_gmt":"2026-04-13T18:39:04","slug":"el-estado-salvadoreno-abandono-a-las-victimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cristosal.org\/es\/el-estado-salvadoreno-abandono-a-las-victimas\/","title":{"rendered":"El Estado salvadore\u00f1o abandon\u00f3 a las v\u00edctimas"},"content":{"rendered":"<h3 class=\"wp-block-heading\"><em><strong>Abraham \u00c1brego \/ Director de Litigio Estrat\u00e9gico de Cristosal<\/strong><\/em><\/h3>\n\n\n\n<p>Las v\u00edctimas de la violencia, las del desplazamiento forzado y las de los cr\u00edmenes de guerra han sido abandonadas por el Estado salvadore\u00f1o. La \u00faltima expresi\u00f3n de esto es haber encargado la Direcci\u00f3n Nacional de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas y Migraci\u00f3n Forzada (DNAVMF) a una persona que no cumple con los requisitos, seg\u00fan establece el Manual Descriptor de Puestos del Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica. Lo anterior es grave cuando le sumamos aspectos como la falta de una adecuada asignaci\u00f3n de recursos, la deficiente articulaci\u00f3n institucional y la no formulaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de instrumentos que faciliten su atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si hablamos de prioridades, el presupuesto de 2021 para la atenci\u00f3n integral a v\u00edctimas del ramo de Justicia y Seguridad P\u00fablica sufri\u00f3 un recorte del 13.4% con respecto al 2020, apenas fueron asignados $233,335, lo que representa el 0.01% del presupuesto del Ministerio de la Defensa; es decir, que por cada $100 para el Ej\u00e9rcito, se destina un centavo para las v\u00edctimas, tanto de violencia como por desplazamiento forzado, entre otras.<\/p>\n\n\n\n<p>El 100 % de estos recursos est\u00e1 destinado \u00fanicamente al pago de los salarios de las personas que trabajan en la DNAVMF y se desconoce a\u00fan cu\u00e1l ser\u00e1 el presupuesto del pr\u00f3ximo a\u00f1o. Esto, pese a que la Sala de lo Constitucional reconoci\u00f3 el desplazamiento forzado en 2018, y orden\u00f3 dar prioridad a la atenci\u00f3n de v\u00edctimas en el presupuesto ya elaborar una ley en la materia. Sin una prioridad clara en el presupuesto, las v\u00edctimas est\u00e1n condenadas a la desprotecci\u00f3n del Estado.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, la Ley especial para la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n integral de desplazamiento forzado fue aprobada en enero del 2020. Esta manda a elaborar, en el plazo de 90 d\u00edas desde su entrada en vigencia, un reglamento que permita su ejecuci\u00f3n. A pesar de ello, hasta la fecha el Ejecutivo a\u00fan no ha presentado ese instrumento fundamental.<\/p>\n\n\n\n<p>A 20 meses de contar con la Ley, pero sin presupuesto asignado ni reglamento, la atenci\u00f3n del Estado se limita a algunas instituciones p\u00fablicas -con sus propios recursos- y al apoyo de organizaciones de la sociedad civil que brindan atenci\u00f3n a v\u00edctimas de desplazamiento forzado por la violencia. Por ejemplo, solo Cristosal ha atendido, entre febrero del 2020 y el 7 de octubre del 2021, a 346 personas, entre las cuales hay j\u00f3venes y grupos vulnerabilizados, como mujeres y poblaci\u00f3n LGTBIQ+. Personas que, de acuerdo con la ley, deb\u00edan contar con la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n<p>La falta de implementaci\u00f3n de la ley, ha conllevado que las entidades responsables de coordinar y articular el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Personas -que crea la ley- aun no funcionen, quedando las v\u00edctimas supeditadas a la falta de coordinaci\u00f3n interinstitucional que se refleja, por ejemplo, en una ausencia de liderazgo por parte del Ministerio de Justicia y las Oficinas Locales de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas de Violencia (OLAV). En muchas ocasiones el \u00fanico apoyo que reciben las v\u00edctimas es el que proviene de la cooperaci\u00f3n internacional, iglesias y las organizaciones de sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, hay deficiencias significativas en la aplicaci\u00f3n del enfoque de derechos, enfoque de g\u00e9nero y de rutas espec\u00edficas para poblaci\u00f3n desplazada LGBTIQ+, ni\u00f1ez y adolescencia, personas con discapacidad, entre otras.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero el abandono de las v\u00edctimas lamentablemente es hist\u00f3rico en El Salvador, una muestra es la falta de una ley de justicia transicional a casi 30 a\u00f1os de la firma de los Acuerdos de Paz. Adem\u00e1s, en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aleda\u00f1os, la esperanza de las v\u00edctimas de alcanzar justicia ha sido obstruida con las recientes reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa a la Ley de la Carrera Judicial, que separaron al juez Jorge Guzm\u00e1n del caso, quien lo conoci\u00f3 desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnist\u00eda en 2016. Desde Cristosal, consideramos que la atenci\u00f3n a las v\u00edctimas debe ser una prioridad, lo que requiere un mayor compromiso del Estado, solo as\u00ed se puede construir una sociedad m\u00e1s justa para todos y todas. Estoy seguro de que este sentimiento es compartido por muchas de las organizaciones dedicadas a la atenci\u00f3n y protecci\u00f3n de v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n<p>Publicado en Diario El Mundo<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Abraham \u00c1brego \/ Director de Litigio Estrat\u00e9gico de Cristosal Las v\u00edctimas de la violencia, las del desplazamiento forzado, y las de los cr\u00edmenes de guerra han sido abandonadas por el Estado salvadore\u00f1o. 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