{"id":9031,"date":"2023-04-01T22:48:09","date_gmt":"2023-04-01T22:48:09","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevo.cristosal.org\/?p=9031"},"modified":"2026-04-13T18:40:56","modified_gmt":"2026-04-13T18:40:56","slug":"el-salvador-leaked-database-points-to-large-scale-abuses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cristosal.org\/es\/el-salvador-leaked-database-points-to-large-scale-abuses\/","title":{"rendered":"El Salvador: Una base de datos filtrada apunta a abusos a gran escala."},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento, escasas perspectivas de justicia.<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Por Alejandra Sandoval<\/h3>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img alt=\"\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DSC8901-1024x684-1.jpg\" class=\"wp-image-9035\" srcset=\"https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DSC8901-1024x684-1.jpg 1024w, https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DSC8901-1024x684-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DSC8901-1024x684-1-768x513.jpg 768w, https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DSC8901-1024x684-1-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa salvadore\u00f1a aprob\u00f3 el estado de emergencia, suspendiendo algunos derechos fundamentales en respuesta al repunte de la violencia de las pandillas. Foto: Emerson Flores.<\/em><br><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>(Nueva York \u2013 HRW) \u2013 Una base de datos obtenida por Human Rights Watch respalda las conclusiones de violaciones masivas del debido proceso, el grave hacinamiento en las c\u00e1rceles y las muertes bajo custodia en El Salvador, dijeron hoy Human Rights Watch y Cristosal.<\/p>\n\n\n\n<p>La base de datos parece pertenecer al Ministerio de Seguridad P\u00fablica y enumera los nombres de las personas procesadas entre marzo y finales de agosto de 2022 durante el estado de emergencia del pa\u00eds. Indica que miles de personas, incluidos cientos de ni\u00f1os, han sido arrestadas y acusadas de delitos ampliamente definidos que violan las garant\u00edas b\u00e1sicas del debido proceso de los detenidos y socavan las perspectivas de justicia para las v\u00edctimas de la violencia de pandillas. El documento tambi\u00e9n apoya los derechos humanos.\u00a0<strong>Mirar<\/strong>\u00a0y las conclusiones de Cristosal sobre las graves condiciones de hacinamiento en los centros de detenci\u00f3n y las muertes bajo custodia.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEsta base de datos filtrada apunta a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia\u201d, dijo&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.hrw.org\/about\/people\/tamara-taraciuk-broner\">Tamara Taraciuk Broner<\/a>, directora interina para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cSeg\u00fan los datos, las autoridades salvadore\u00f1as han hacinado de forma inhumana a detenidos, incluidos cientos de ni\u00f1os, en centros de detenci\u00f3n superpoblados, al tiempo que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia de las v\u00edctimas de la violencia de pandillas\u2019.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa salvadore\u00f1a aprob\u00f3 el estado de emergencia, suspendiendo algunos derechos fundamentales en respuesta al repunte de la violencia de las pandillas. La medida se ha prorrogado diez veces y sigue vigente. Seg\u00fan las autoridades, desde marzo, polic\u00edas y soldados han detenido a m\u00e1s de 61\u00a0000 personas. Alrededor de 3000 personas han sido liberadas, en muchos casos bajo libertad condicional, y 58\u00a0000 permanecen en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La base de datos proporciona los nombres, edades y g\u00e9nero de las personas procesadas bajo el estado de emergencia entre marzo y agosto de 2022. Tambi\u00e9n contiene informaci\u00f3n sobre los cargos contra los detenidos y la ciudad donde fueron arrestados.<\/p>\n\n\n\n<p>Una fuente fidedigna indic\u00f3 que la base de datos pertenece al Ministerio de Seguridad P\u00fablica. Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch cotej\u00f3 los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicaci\u00f3n, e identific\u00f3 m\u00e1s de 300 coincidencias. Otra informaci\u00f3n presentada en la base de datos, incluidos los delitos atribuidos a muchos de los detenidos, los centros de detenci\u00f3n a los que sol\u00edan ser enviados y el n\u00famero total de personas en prisi\u00f3n preventiva, coincide con las conclusiones de Human Rights Watch y Cristosal, as\u00ed como con la informaci\u00f3n divulgada p\u00fablicamente por las autoridades gubernamentales.<\/p>\n\n\n\n<p>La siguiente informaci\u00f3n contenida en la base de datos suscita serias preocupaciones en materia de derechos humanos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>A finales de agosto, 1.082 menores detenidos durante el estado de emergencia \u2014918 ni\u00f1os y 164 ni\u00f1as\u2014 hab\u00edan sido enviados a prisi\u00f3n preventiva, entre ellos 21 de 12 o 13 a\u00f1os. Estos internamientos fueron posibles gracias a una ley de marzo de 2022 que redujo de 16 a 12 a\u00f1os la edad de responsabilidad penal para los menores acusados de delitos relacionados con pandillas.<\/li>\n\n\n\n<li>La base de datos indica que 32 personas fallecieron bajo custodia, la mayor\u00eda en las c\u00e1rceles de La Esperanza (tambi\u00e9n conocida como Mariona) e Izalco. Las autoridades salvadore\u00f1as informaron en noviembre que 90 personas han muerto bajo custodia desde marzo, en circunstancias que a\u00fan no se han investigado adecuadamente.<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e1s de 39.000 personas fueron acusadas del delito de \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d y m\u00e1s de 8.000 de pertenecer a una \u201corganizaci\u00f3n terrorista\u201d. En comparaci\u00f3n, muchas menos personas fueron acusadas de delitos violentos. 148 personas, o menos del 0,3% de los detenidos, fueron acusadas de homicidio y 303 personas, o menos del 0,6%, fueron acusadas de agresi\u00f3n sexual. El Salvador define el delito de \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d de forma amplia, incluyendo no solo a quienes lideran o participan en pandillas, sino tambi\u00e9n a quienes reciben \u201cbeneficios indirectos\u201d de ellas mediante relaciones \u201cde cualquier naturaleza\u201d. La ley salvadore\u00f1a tambi\u00e9n define \u201corganizaci\u00f3n terrorista\u201d de manera amplia, lo que contraviene las normas internacionales. El uso de estos delitos definidos de forma tan amplia abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin ninguna conexi\u00f3n relevante con pandillas y contribuye poco a garantizar la justicia por los abusos violentos cometidos por pandillas, como asesinatos y violaciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Hasta agosto, m\u00e1s de 50.000 personas hab\u00edan sido enviadas a prisi\u00f3n preventiva, lo que elev\u00f3 la poblaci\u00f3n carcelaria a m\u00e1s de 86.000. Seg\u00fan informaci\u00f3n p\u00fablica, a febrero de 2021, las c\u00e1rceles de El Salvador ten\u00edan capacidad para&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.transparencia.gob.sv\/institutions\/dgcp\/documents\/415753\/download\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">30,000<\/a>. Entre las personas enviadas a prisi\u00f3n preventiva desde la adopci\u00f3n del estado de emergencia se encuentran m\u00e1s de 7.900 mujeres, el doble del n\u00famero total de personas encarceladas en El Salvador a partir de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.transparencia.gob.sv\/institutions\/dgcp\/documents\/415753\/download\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Febrero de 2021<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>La mayor\u00eda de los detenidos fueron enviados a la prisi\u00f3n de Mariona, donde la poblaci\u00f3n aument\u00f3 de 7.600 a 33.000, y a la prisi\u00f3n de Izalco, donde la poblaci\u00f3n aument\u00f3 de 8.500 a 23.300. Seg\u00fan la base de datos, en agosto, Mariona ten\u00eda cuatro veces m\u00e1s detenidos de los que pod\u00eda albergar, e Izalco ten\u00eda tres veces m\u00e1s. Otros centros de detenci\u00f3n, como la prisi\u00f3n de Ilopango para mujeres y la prisi\u00f3n de San Miguel para hombres, ten\u00edan poblaciones seis veces superiores a su capacidad.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=d4MfyA2EPls\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Octubre<\/a>, El director del sistema penitenciario, Osiris Luna Meza, declar\u00f3 que las mujeres detenidas en Ilopango hab\u00edan sido trasladadas a otra prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Diciembre de 2022<strong>&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.hrw.org\/report\/2022\/12\/07\/we-can-arrest-anyone-we-want\/widespread-human-rights-violations-under-el#8749\">informe<\/a><\/strong>&nbsp;Human Rights Watch y Cristosal constataron violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, tortura y otros malos tratos contra los detenidos, muertes bajo custodia y procesos judiciales plagados de abusos. En algunos casos, los funcionarios tambi\u00e9n se negaron a proporcionar informaci\u00f3n sobre el paradero de los detenidos a sus familiares y conocidos, lo que constituye desapariciones forzadas seg\u00fan el derecho internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo cientos de redadas indiscriminadas, sobre todo en barrios de bajos ingresos, dirigidas a comunidades marginadas donde, durante a\u00f1os, la gente ha sufrido la falta de oportunidades econ\u00f3micas y educativas. Estas detenciones masivas han resultado en el arresto de cientos de personas sin v\u00ednculos aparentes con las actividades delictivas de las pandillas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los abusos cometidos durante el estado de emergencia han sido posibles gracias al r\u00e1pido desmantelamiento de las instituciones democr\u00e1ticas por parte del presidente Bukele desde que asumi\u00f3 el cargo en 2019, lo que ha dejado pr\u00e1cticamente sin organismos gubernamentales independientes que puedan servir de contrapeso al poder ejecutivo o garantizar la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas de los abusos.<\/p>\n\n\n\n<p>El gobierno tambi\u00e9n ha&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.hrw.org\/world-report\/2023\/country-chapters\/el-salvador#ae1c6e\">restringido<\/a>&nbsp;acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y debilit\u00f3 el papel de la Agencia de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica. Las autoridades dijeron a Human Rights Watch y a Cristosal que la informaci\u00f3n sobre las personas detenidas durante el estado de emergencia es \u201c<a href=\"https:\/\/www.hrw.org\/report\/2022\/12\/07\/we-can-arrest-anyone-we-want\/widespread-human-rights-violations-under-el\">clasificado<\/a>,\u201d, incluso cuando sea de inter\u00e9s p\u00fablico seg\u00fan las normas internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Human Rights Watch y Cristosal afirmaron que las autoridades salvadore\u00f1as deber\u00edan reemplazar el estado de emergencia con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de las pandillas y proteger a la poblaci\u00f3n de sus abusos. Esta estrategia deber\u00eda incluir medidas para combatir los altos niveles de pobreza y exclusi\u00f3n social, y centrarse en el enjuiciamiento de los l\u00edderes de alto rango de las pandillas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEstos nuevos hallazgos respaldan las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos, que son especialmente graves en un contexto de falta de rendici\u00f3n de cuentas y violaciones masivas del debido proceso. Instamos a los gobiernos de la regi\u00f3n a garantizar la seguridad p\u00fablica sin adoptar pol\u00edticas injustas\u201d, declar\u00f3 Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mass Due Process Violations, Overcrowding, Poor Prospects for Justice By alejandra sandoval (New York \u2013 HRW) \u2013 A database obtained by Human Rights Watch supports findings of mass due process violations, severe prison overcrowding, and deaths in custody in El Salvador, Human Rights Watch and Cristosal said today. 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