El informe de 89 p\u00e1ginas, \u201c'Podemos arrestar a quien queramos': Violaciones generalizadas de los derechos humanos bajo el 'estado de emergencia' en El Salvador\u2018 <\/strong>Documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de malos tratos contra los detenidos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos judiciales plagados de abusos. El r\u00e1pido desmantelamiento de la independencia judicial por parte del presidente Nayib Bukele desde que asumi\u00f3 el cargo a mediados de 2019 propici\u00f3 estos abusos.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas fuerzas de seguridad salvadore\u00f1as han agredido a comunidades vulnerables con violaciones generalizadas de los derechos humanos en nombre de la seguridad p\u00fablica\u201d, declar\u00f3 Juanita Goebertus, directora para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cPara poner fin a la violencia de las pandillas y las violaciones de los derechos humanos, el gobierno de El Salvador deber\u00eda sustituir el estado de emergencia por una pol\u00edtica de seguridad eficaz y respetuosa de los derechos humanos que garantice a los salvadore\u00f1os la seguridad que tanto merecen\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n Desde que se declar\u00f3 el estado de emergencia, polic\u00edas y soldados han llevado a cabo cientos de redadas indiscriminadas, sobre todo en barrios de bajos ingresos, arrestando a m\u00e1s de 58.000 personas, entre ellas m\u00e1s de 1.600 menores. Los agentes han atacado con frecuencia a comunidades de bajos recursos donde la poblaci\u00f3n lleva a\u00f1os sufriendo inseguridad y careciendo de oportunidades econ\u00f3micas y educativas.<\/p>\n\n\n\n Entre marzo y noviembre de 2022, Human Rights Watch y Cristosal entrevistaron a m\u00e1s de 1100 personas de los 14 estados de El Salvador, incluyendo una visita de Human Rights Watch al pa\u00eds en octubre. Entre los entrevistados se encontraban v\u00edctimas de abuso, sus familiares y abogados, testigos y funcionarios gubernamentales. Los investigadores tambi\u00e9n revisaron expedientes, historiales m\u00e9dicos y certificados de defunci\u00f3n, y consultaron a expertos forenses internacionales del Grupo Independiente de Expertos Forenses en algunos casos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n Human Rights Watch y Cristosal constataron que la polic\u00eda y los soldados cometieron violaciones similares de forma reiterada en todo el pa\u00eds, durante varios meses. Las pol\u00edticas oficiales y la ret\u00f3rica de las altas autoridades gubernamentales han generado, en algunos casos, incentivos para el abuso, como la exigencia, en ocasiones, de que los agentes arrestaran a un n\u00famero determinado de personas diariamente.<\/p>\n\n\n\n El presidente Bukele ha respaldado p\u00fablicamente a las fuerzas de seguridad y ha intentado intimidar a los pocos jueces y fiscales independientes que quedan en el pa\u00eds y que podr\u00edan investigar las violaciones. Asimismo, ha promovido una ret\u00f3rica deshumanizadora contra los detenidos y sus familias, y ha estigmatizado a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que denuncian los abusos.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades salvadore\u00f1as no han informado de ning\u00fan avance en la investigaci\u00f3n de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia.<\/p>\n\n\n\n Las detenciones masivas e indiscriminadas han llevado a la detenci\u00f3n de cientos de personas sin v\u00ednculos aparentes con las actividades delictivas de las pandillas. En muchos casos, las detenciones parecen basarse en la apariencia y el origen social de los detenidos o en pruebas dudosas. La polic\u00eda y los soldados no mostraron a las personas una orden de registro o detenci\u00f3n, y rara vez les informaron a ellos o a sus familias los motivos de su arresto.<\/p>\n\n\n\n En un caso, la polic\u00eda arrest\u00f3 a un profesor y taxista de 45 a\u00f1os en su empresa de taxis en el estado de San Salvador. Antes de ingresar a la prisi\u00f3n de Izalco, los agentes lo obligaron a arrodillarse en el suelo durante aproximadamente dos horas, bajo el sol, y a ponerse en cuclillas 25 veces completamente desnudo. \u201cBienvenido al infierno\u201d, le dijeron los guardias de la prisi\u00f3n, seg\u00fan relat\u00f3 a los investigadores.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan relat\u00f3, mientras los detenidos caminaban hacia sus celdas, agentes de polic\u00eda se colocaron a ambos lados y los golpearon. La celda ten\u00eda capacidad para 30 personas, pero albergaba a 125. Los guardias les prohibieron hablar o rezar y lanzaron gases lacrim\u00f3genos cada vez que alguien desobedec\u00eda. Fue puesto en libertad bajo fianza el 22 de septiembre.<\/p>\n\n\n\n En algunos casos, los agentes se negaron a proporcionar informaci\u00f3n sobre el paradero de los detenidos a sus familias, lo que constituye desapariciones forzadas seg\u00fan el derecho internacional.<\/p>\n\n\n\n Jueces y fiscales incumplieron reiteradamente su obligaci\u00f3n de garantizar el debido proceso conforme al derecho internacional, violando los derechos humanos de los detenidos y dificultando, si no imposibilitando, su defensa adecuada durante los procesos penales. Las audiencias se llevaron a cabo en grupos de hasta 500 detenidos, y m\u00e1s de 51\u00a0000 personas fueron enviadas a prisi\u00f3n preventiva en virtud de leyes salvadore\u00f1as recientemente aprobadas que violan el derecho internacional de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n La poblaci\u00f3n carcelaria aument\u00f3 de 39.000 reclusos en marzo de 2022 a unos 95.000 en noviembre, m\u00e1s del triple de la capacidad oficial. Miles de personas han permanecido incomunicadas durante semanas o meses, o solo se les permiti\u00f3 ver a su abogado durante unos minutos antes de sus audiencias.<\/p>\n\n\n\n Algunas de las pocas personas que fueron liberadas denunciaron condiciones inhumanas y, en algunos casos, tortura y otros malos tratos. Noventa personas han muerto bajo custodia, en circunstancias que a\u00fan no se han investigado adecuadamente.<\/p>\n\n\n\n Human Rights Watch y Cristosal afirman que existen razones de peso para cuestionar la eficacia a largo plazo de las medidas de seguridad del presidente Bukele. En el pasado, las pandillas se han beneficiado del encarcelamiento masivo, utilizando las c\u00e1rceles para reclutar nuevos miembros y consolidar su control territorial fuera de los centros penitenciarios. La falta de inversi\u00f3n de recursos significativos en pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y reinserci\u00f3n, as\u00ed como la inacci\u00f3n ante las econom\u00edas ilegales que permiten el auge de las pandillas, han contribuido a la persistencia de ciclos de violencia. A su vez, las treguas anteriores entre el gobierno y las pandillas a menudo solo han provocado una reducci\u00f3n temporal de los homicidios, seguida de un repunte de la violencia delictiva.<\/p>\n\n\n\n Human Rights Watch y Cristosal afirmaron que la administraci\u00f3n de Bukele y la Asamblea Legislativa deber\u00edan adoptar medidas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para desmantelar las pandillas y proteger a la poblaci\u00f3n de sus abusos. Estas medidas incluyen abordar las causas profundas de la violencia de pandillas, como los altos niveles de pobreza y exclusi\u00f3n social, y llevar a cabo procesos penales estrat\u00e9gicos centrados en enjuiciar a los l\u00edderes de alto rango e investigar los delitos violentos.<\/p>\n\n\n\n La administraci\u00f3n del presidente estadounidense Joe Biden y la Uni\u00f3n Europea deber\u00edan impulsar una presi\u00f3n multilateral, incluso por parte de los gobiernos de Am\u00e9rica Latina, para centrar la atenci\u00f3n en la situaci\u00f3n de El Salvador, incluso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.<\/p>\n\n\n\n Los gobiernos extranjeros y las instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Centroamericano de Integraci\u00f3n Econ\u00f3mica (BCIE), deber\u00edan suspender los pr\u00e9stamos existentes que benefician a entidades gubernamentales directamente involucradas en abusos, incluyendo la Polic\u00eda Nacional Civil, las fuerzas armadas, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y el sistema penitenciario.<\/p>\n\n\n\n Los gobiernos extranjeros tambi\u00e9n deber\u00edan intensificar sus esfuerzos para apoyar a los periodistas independientes y a los grupos de la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa comunidad internacional deber\u00eda redoblar sus esfuerzos para ayudar a garantizar que los salvadore\u00f1os est\u00e9n a salvo de los cr\u00edmenes atroces cometidos por las pandillas, las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y otros abusos de poder\u201d, dijo Goebertus.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/DSC7117-300x200-2.jpg\")