{"id":9019,"date":"2023-04-01T17:15:11","date_gmt":"2023-04-01T17:15:11","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevo.cristosal.org\/?p=9019"},"modified":"2026-04-13T18:41:37","modified_gmt":"2026-04-13T18:41:37","slug":"el-salvador-evidence-of-serious-abuse-in-state-of-emergency","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cristosal.org\/es\/el-salvador-evidence-of-serious-abuse-in-state-of-emergency\/","title":{"rendered":"El Salvador: Evidencia de abusos graves en estado de emergencia"},"content":{"rendered":"

Por Alejandra Sandoval<\/h3>\n\n\n\n

Detenciones arbitrarias, desapariciones fugaces, muertes bajo custodia
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Personas esperan noticias sobre la liberaci\u00f3n de familiares detenidos durante el estado de emergencia en El Salvador, en el per\u00edmetro de seguridad de la prisi\u00f3n de Izalco, en Izalco, El Salvador, el 28 de abril de 2022. \u00a9 2022 REUTERS\/Jose Cabeza.
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(San Salvador) \u2013 Hay cada vez m\u00e1s pruebas de que El salvadore\u00f1o<\/a> <\/strong>Las autoridades han estado cometiendo graves violaciones de los derechos humanos desde que adoptaron una estado de emergencia<\/a> El 27 de marzo de 2022, Human Rights Watch y Cristosal dijeron hoy. Las organizaciones, que est\u00e1n monitoreando conjuntamente la estado de emergencia,<\/strong> Hemos recibido denuncias cre\u00edbles de decenas de detenciones arbitrarias, algunas de las cuales podr\u00edan constituir desapariciones forzadas a corto plazo, y de dos muertes de personas bajo custodia.<\/p>\n\n\n\n

El 24 de abril, la Asamblea Legislativa de El Salvador prorrog\u00f3 el estado de emergencia por 30 d\u00edas. Las disposiciones de emergencia suspenden el derecho a la privacidad, la libertad de asociaci\u00f3n y reuni\u00f3n, y algunas garant\u00edas procesales. El gobierno del presidente Nayib Bukele solicit\u00f3 la pr\u00f3rroga, argumentando que el estado de emergencia hab\u00eda contribuido a frenar la ola de homicidios perpetrados por pandillas, si bien persist\u00edan las condiciones que propiciaban la violencia. Seg\u00fan el gobierno<\/strong><\/a>,Desde el 25 de marzo, m\u00e1s de 20.000 personas han sido arrestadas, muchas de ellas por supuestamente "pertenecer a una asociaci\u00f3n ilegal".\u201c<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

\u201cDurante los primeros 30 d\u00edas del estado de emergencia decretado por Bukele, hemos visto pruebas de detenciones arbitrarias de personas inocentes, algunas de ellas sometidas a desapariciones forzadas de corta duraci\u00f3n, y preocupantes muertes bajo custodia\u201d, declar\u00f3. Tamara Taraciuk Brone<\/strong>r<\/a>, directora interina para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cEn lugar de proteger a los salvadore\u00f1os de la violencia de las pandillas, las fuerzas de seguridad est\u00e1n abusando de los poderes excesivamente amplios que les otorgaron los aliados de Bukele en la Asamblea Legislativa, quienes ahora han abierto la puerta a 30 d\u00edas m\u00e1s de violaciones de derechos humanos\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Los hallazgos preliminares de Human Rights Watch y Cristosal se basan en 43 entrevistas con v\u00edctimas, sus familiares, abogados y miembros de la sociedad civil, as\u00ed como en una revisi\u00f3n de fotograf\u00edas corroborativas, expedientes judiciales e historiales m\u00e9dicos. Miembros de la\u00a0Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG)\u00a0<\/strong>del Consejo Internacional de Rehabilitaci\u00f3n de V\u00edctimas de Tortura (IRCT)<\/strong>, un grupo internacional de destacados expertos forenses, proporcion\u00f3 opiniones de expertos sobre algunas pruebas de abusos.<\/p>\n\n\n\n

Al 26 de abril, las organizaciones segu\u00edan analizando pruebas relacionadas con 180 casos adicionales denunciados, incluidas decenas de detenciones arbitrarias denunciadas e identificadas por Cristosal.<\/p>\n\n\n\n

Desde el 25 de marzo, la polic\u00eda y el ej\u00e9rcito han llevado a cabo decenas de redadas, sobre todo en barrios de bajos ingresos, arrestando a miles de personas. En 34 de los 40 casos de abusos sobre los que Cristosal y Human Rights Watch pudieron obtener informaci\u00f3n de primera mano, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en sus domicilios o en la calle. En 20 casos, las fuerzas de seguridad allanaron domicilios sin presentar una orden judicial.<\/p>\n\n\n\n

En la mayor\u00eda de los casos, los testigos afirmaron que los agentes de seguridad no mostraron una orden de arresto para justificar la detenci\u00f3n, ni indicaron el motivo de la misma. En 11 casos en los que las v\u00edctimas preguntaron por qu\u00e9 las arrestaban, los agentes respondieron que estaban \u201csiguiendo las \u00f3rdenes de sus superiores\u201d. En algunos casos, los agentes supuestamente registraron a las personas en busca de tatuajes durante las detenciones, presumiblemente para detectar su pertenencia a pandillas. Muchas de las personas entrevistadas declararon que sus familiares no ten\u00edan tatuajes o que ten\u00edan tatuajes art\u00edsticos no relacionados con pandillas.<\/p>\n\n\n\n

En 12 de los 40 casos, los testigos vieron a las fuerzas de seguridad fotografiar a los detenidos. En algunos de estos casos, las fuerzas de seguridad publicaron posteriormente las fotograf\u00edas en las redes sociales, acusando p\u00fablicamente a los detenidos de ser miembros de pandillas o "terroristas" antes de que fueran llevados ante un juez.<\/p>\n\n\n\n

En cinco casos, los testigos afirmaron que la polic\u00eda o los soldados golpearon a las personas durante su detenci\u00f3n. En otros cinco casos, los agentes de polic\u00eda advirtieron a los familiares de los detenidos que ser\u00edan retenidos si no dejaban de hacer preguntas. En casi todos los casos, seg\u00fan los testigos, los detenidos fueron trasladados a una comisar\u00eda cercana. Solo a diez de los detenidos se les permiti\u00f3 ver o hablar con sus familias antes de ser trasladados a otra comisar\u00eda o a una prisi\u00f3n. Veinticuatro permanecieron incomunicados durante d\u00edas o semanas.<\/p>\n\n\n\n

Los familiares de los detenidos afirmaron no haber sido informados sobre el paradero de sus seres queridos. En cinco casos, los familiares indicaron que los funcionarios se negaron a proporcionar informaci\u00f3n sobre el paradero de los detenidos, incluso cuando los familiares acudieron a varios centros de detenci\u00f3n para preguntar. En 19 casos, los familiares se\u00f1alaron que a\u00fan desconocen el paradero de sus seres queridos y que llevan d\u00edas o semanas sin poder comunicarse con ellos.<\/p>\n\n\n\n

Cuando las autoridades se niegan a reconocer una detenci\u00f3n o a ocultar el paradero de una persona detenida, independientemente de la duraci\u00f3n de la misma, se produce una desaparici\u00f3n forzada, prohibida por el derecho internacional, incluso en estados de emergencia. Esto deja a la persona desaparecida indefensa y a su familia expuesta a niveles de incertidumbre y sufrimiento inhumanos y abusivos, seg\u00fan denunciaron las organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el estado de emergencia que murieron bajo custodia. medios de comunicaci\u00f3n<\/a> <\/strong>han informado tres adicionales casos<\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Elvis Josu\u00e9 S\u00e1nchez Rivera, m\u00fasico de 21 a\u00f1os, falleci\u00f3 el 19 de abril, luego de ser arrestado el 3 de abril en Santa Mar\u00eda Ostuma. Su familia inform\u00f3 que fue detenido cuando se dirig\u00eda a jugar f\u00fatbol con un amigo. A\u00f1adieron que desconoc\u00edan el paradero de S\u00e1nchez Rivera tras su arresto y que fueron notificados de su muerte el 19 de abril por las autoridades hospitalarias. Seg\u00fan sus familiares, las autoridades no le practicaron la autopsia. Un informe m\u00e9dico indica que hab\u00eda sido trasladado desde un centro de detenci\u00f3n y que falleci\u00f3 por hipertensi\u00f3n y muerte s\u00fabita. Fotograf\u00edas de su cuerpo muestran hematomas.<\/p>\n\n\n\n

Rusudan Beriashvili y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional de Rehabilitaci\u00f3n de V\u00edctimas de Tortura (IRCT), analizaron las fotograf\u00edas. Declararon a Human Rights Watch y a Cristosal que \u201cparecen existir m\u00faltiples lesiones en diferentes zonas del cuerpo que podr\u00edan haberse producido durante la detenci\u00f3n y ser consecuencia de tortura u otros malos tratos\u201d. A\u00f1adieron que la muerte era \u201csospechosa\u201d y que la falta de autopsia, seg\u00fan se inform\u00f3, resultaba sumamente preocupante y contraven\u00eda las normas internacionales y la pr\u00e1ctica m\u00e9dica generalmente aceptada.<\/p>\n\n\n\n

Walter Vladimir Sandoval Pe\u00f1ate, un trabajador agr\u00edcola de 32 a\u00f1os, falleci\u00f3 el 3 de abril. La polic\u00eda lo hab\u00eda arrestado el 30 de marzo en La Trinidad. Familiares que presenciaron la detenci\u00f3n afirmaron que los agentes lo detuvieron alegando que pertenec\u00eda a una "asociaci\u00f3n ilegal". El 3 de abril, su familia acudi\u00f3 a la comisar\u00eda donde estaba detenido para llevarle comida y agua.<\/p>\n\n\n\n

Los agentes le dijeron a un familiar que deb\u00eda regresar al d\u00eda siguiente temprano por la ma\u00f1ana para hablar con el defensor p\u00fablico asignado al caso. Horas despu\u00e9s, un empleado de una funeraria fue a la casa de Sandoval Penate y le comunic\u00f3 a su familia que hab\u00eda fallecido. Un informe del Instituto de Medicina Legal de El Salvador indica que muri\u00f3 a causa de un traumatismo tor\u00e1cico severo. Las fotograf\u00edas de su cuerpo muestran m\u00faltiples hematomas.<\/p>\n\n\n\n

Muchos detenidos parecen estar siendo investigados por el delito de \u201cpertenencia a una asociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d. Bajo el estado de emergencia, las autoridades no est\u00e1n obligadas a presentar a los detenidos ante un juez hasta 15 d\u00edas despu\u00e9s de su arresto, a diferencia del plazo de 72 horas establecido en la Constituci\u00f3n salvadore\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

El 21 de abril, el Fiscal General Rodolfo Delgado dicho<\/a><\/strong> Durante una entrevista con la prensa, afirm\u00f3 que 5.900 de las m\u00e1s de 14.000 personas detenidas hasta entonces hab\u00edan sido acusadas de alg\u00fan delito y enviadas a prisi\u00f3n preventiva. Solo 17 personas hab\u00edan sido puestas en libertad tras una vista judicial, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan varios tuits de Delgado, decenas de ni\u00f1os han sido acusados y enviados a prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n

Es muy probable que las detenciones a gran escala hayan agravado el hacinamiento en las c\u00e1rceles. A diciembre de 2020, las c\u00e1rceles salvadore\u00f1as fueron el 136 por ciento<\/strong><\/a> Con capacidad desbordada, algunas prisiones albergan m\u00e1s de seis veces el n\u00famero m\u00e1ximo de reclusos permitido. El 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprob\u00f3 una ley<\/strong><\/a> para crear nuevas prisiones.<\/p>\n\n\n\n

El 30 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobado<\/strong><\/a> La legislaci\u00f3n ampl\u00eda la detenci\u00f3n preventiva obligatoria para incluir todos los delitos cometidos por presuntos miembros de pandillas, permitiendo que estas personas permanezcan detenidas por tiempo indefinido antes del juicio. La Asamblea tambi\u00e9n redujo la edad de responsabilidad penal para los menores acusados del delito de pertenecer a "grupos terroristas o cualquier otra pandilla criminal", de 16 a 12 a\u00f1os. La nueva legislaci\u00f3n permite penas de prisi\u00f3n de hasta 10 a\u00f1os para menores de entre 12 y 16 a\u00f1os, y de hasta 20 a\u00f1os para mayores de 16 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades salvadore\u00f1as tienen la obligaci\u00f3n de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, r\u00e1pidas e independientes sobre los abusos y las muertes ocurridas bajo custodia, afirmaron Human Rights Watch y Cristosal.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, las investigaciones enfrentan obst\u00e1culos desalentadores, si no insuperables, dado el alto n\u00famero de detenidos y el hecho de que pr\u00e1cticamente no quedan instituciones independientes que act\u00faen como contrapeso al poder ejecutivo en El Salvador. En los \u00faltimos meses, la mayor\u00eda pro-Bukele en la Asamblea Legislativa ha llenado la Corte Suprema, Sustituy\u00f3 al fiscal general por un aliado del gobierno y destituy\u00f3 a cientos de jueces y fiscales de bajo nivel.<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cLa forma de prevenir estos abusos es poner fin al estado de emergencia, garantizar el debido proceso y respetar la independencia de los jueces y fiscales\u201d, dijo Taraciuk Broner.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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