{"id":19010,"date":"2023-08-16T17:18:01","date_gmt":"2023-08-16T17:18:01","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevo.cristosal.org\/?p=11292"},"modified":"2023-08-16T17:18:01","modified_gmt":"2023-08-16T17:18:01","slug":"addressing-the-problem-of-violent-crime-in-central-america-citizen-security-based-on-human-rights","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cristosal.org\/es\/addressing-the-problem-of-violent-crime-in-central-america-citizen-security-based-on-human-rights\/","title":{"rendered":"Abordar el problema de la delincuencia violenta en Centroam\u00e9rica: la seguridad ciudadana basada en los derechos humanos, por Jos\u00e9 Miguel Cruz"},"content":{"rendered":"<p><strong>Jos\u00e9 Miguel Cruz<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfSon incompatibles los derechos humanos con la seguridad p\u00fablica? El aparente y ampliamente difundido \u00e9xito del Estado de Excepci\u00f3n de Nayib Bukele en El Salvador ha puesto esta cuesti\u00f3n en el debate p\u00fablico de toda la regi\u00f3n. Bukele y sus funcionarios han declarado expl\u00edcitamente que los derechos humanos obstaculizan la seguridad y el bienestar de la poblaci\u00f3n. El gobierno salvadore\u00f1o afirma que, para reducir la violencia y aumentar la seguridad, especialmente entre los olvidados por el sistema, es necesario ignorar los derechos humanos y eliminar las garant\u00edas legales que otorga la Constituci\u00f3n salvadore\u00f1a. Dichos derechos est\u00e1n consagrados en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta visi\u00f3n no es nueva. Tampoco lo es el modelo de seguridad de Bukele. En El Salvador, los esfuerzos por desacreditar la primac\u00eda moral de los derechos humanos comenzaron inmediatamente despu\u00e9s de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992. Dichos esfuerzos se materializaron en repetidas campa\u00f1as para ignorar los mecanismos del debido proceso en la lucha contra la violencia criminal a lo largo de la d\u00e9cada de 1990. Las campa\u00f1as fueron lideradas por dirigentes pol\u00edticos y funcionarios gubernamentales que denunciaron la protecci\u00f3n de los derechos como obst\u00e1culos para reducir los crecientes niveles de delincuencia. Una de las primeras medidas oficiales en esas campa\u00f1as fue la Ley de Emergencia Transitoria Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. La Asamblea Nacional aprob\u00f3 esta ley en marzo de 1996. El proyecto de ley ignor\u00f3 algunas garant\u00edas constitucionales para los detenidos y permiti\u00f3 al sistema judicial procesar a menores infractores como adultos. La aprobaci\u00f3n de la ley estuvo rodeada de iniciativas para aumentar las penas por ciertos delitos, un debate para aprobar la pena de muerte y un intento de promulgar una ley que autorizara la creaci\u00f3n de patrullas civiles armadas para combatir la delincuencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Este enfoque de mano dura contra el crimen y sus discursos alcanzaron su m\u00e1xima expresi\u00f3n en julio de 2003 con la promulgaci\u00f3n del Plan Mano Dura. Esta pol\u00edtica estuvo acompa\u00f1ada de una ley contra las pandillas que prohib\u00eda la pertenencia a ellas. Adem\u00e1s, facultaba a la polic\u00eda para detener a cualquier joven bas\u00e1ndose \u00fanicamente en su apariencia y sin ninguna prueba de que hubiera cometido un delito. Tras las elecciones presidenciales de 2004, la pol\u00edtica se reforz\u00f3 con el Plan Super Mano Dura, que increment\u00f3 el despliegue de unidades antipandillas en las comunidades y buscaba promulgar nueva legislaci\u00f3n contra las pandillas.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos programas resultaron en una popularidad arrolladora y victorias electorales para sus defensores. Sin embargo, una y otra vez, tras el entusiasmo inicial, las pol\u00edticas punitivas dejaron un rastro de m\u00e1s violencia en las calles y corrupci\u00f3n generalizada en las instituciones. La delincuencia se dispar\u00f3 tras las represiones gubernamentales. Adem\u00e1s, ante la ausencia de pol\u00edticas que abordaran los problemas subyacentes de inseguridad, las instituciones de justicia penal que hab\u00edan sido reformadas para promover el estado de derecho terminaron contribuyendo a la espiral de violencia, abusando de los derechos de las personas y perpetuando la impunidad.<\/p>\n\n\n\n<p>En todos los sentidos, el modelo de seguridad de Bukele es una repetici\u00f3n extrema de pol\u00edticas anteriores que fracasaron. Dichos planes no solo buscaban solucionar el problema de la inseguridad mediante medidas draconianas y el desprecio por los derechos humanos, sino que tambi\u00e9n constitu\u00edan una estrategia pol\u00edtica para ganar simpat\u00edas y votos populares. Hasta ahora, Bukele ha tenido \u00e9xito en ambos. Pero si la historia nos ense\u00f1a algo, es muy probable que la aparente haza\u00f1a de desarticular pandillas y reducir el n\u00famero de delitos d\u00e9 paso a nuevas formas de organizaciones criminales y a nuevas oleadas de violencia.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00e9xito del estado de excepci\u00f3n de Bukele no solo radica en la aplicaci\u00f3n radical y generalizada de medidas represivas punitivas, sino tambi\u00e9n en acuerdos sistem\u00e1ticos, aunque secretos, con pandillas y grupos criminales. Como han documentado diversas fuentes fidedignas, el gobierno salvadore\u00f1o ha logrado neutralizar una posible reacci\u00f3n violenta a sus acciones represivas mediante la negociaci\u00f3n con los l\u00edderes de esos mismos grupos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez m\u00e1s, este no es un enfoque nuevo para abordar el problema de la delincuencia violenta en El Salvador. El caso m\u00e1s conocido es la tregua entre pandillas negociada por el gobierno en 2012, que logr\u00f3 reducir los homicidios durante casi diecis\u00e9is meses. Sin embargo, les dio a las pandillas suficiente margen de maniobra y privilegios para reorganizarse y afianzar su control sobre la poblaci\u00f3n salvadore\u00f1a. Las negociaciones clandestinas con grupos criminales se han utilizado repetidamente en El Salvador y otros pa\u00edses para lavar la imagen de l\u00edderes pol\u00edticos deseosos de mostrar resultados en materia de seguridad. En realidad, la estrategia de seguridad de Bukele es una versi\u00f3n h\u00edbrida de dos enfoques que han demostrado ser desastrosos para la seguridad ciudadana en el pasado. Adem\u00e1s, esta estrategia tiene la circunstancia agravante de que, a d\u00eda de hoy, no existe en el pa\u00eds ninguna instituci\u00f3n p\u00fablica con capacidad para supervisar las acciones del gobierno, detener sus abusos y proteger los derechos de los m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfExiste entonces una alternativa a la estrategia de Bukele que suprime los derechos humanos? La respuesta breve es s\u00ed. La respuesta extensa es que cualquier plan p\u00fablico que abuse sistem\u00e1ticamente de los derechos de un grupo de individuos no constituye una pol\u00edtica de seguridad, ya que se basa en la vulnerabilidad sist\u00e9mica de muchos. El \u00e9xito del Estado de Excepci\u00f3n se fundamenta en la posibilidad de que cualquier individuo o instituci\u00f3n con poder pol\u00edtico pueda someter a una persona con la excusa de su propia seguridad privada.<\/p>\n\n\n\n<p>Es fundamental construir una estrategia de seguridad ciudadana eficaz y basada en los derechos humanos, que aborde los factores estructurales \u2014econ\u00f3micos, institucionales y culturales\u2014 que hist\u00f3ricamente han generado violencia. Esta estrategia debe comenzar por recuperar los principios democr\u00e1ticos que inspiraron los Acuerdos de Paz. Dichos principios impulsaron reformas institucionales en el sistema de justicia penal. Una estrategia constructiva de seguridad ciudadana tambi\u00e9n debe destinar recursos sustanciales a la generaci\u00f3n de capital humano y social en las numerosas comunidades marginadas de la regi\u00f3n, que representan a la mayor parte de la poblaci\u00f3n. Esto implica inversiones amplias y sostenidas en educaci\u00f3n y servicios sociales.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta no es una tarea sencilla, ya que tambi\u00e9n implica un esfuerzo pol\u00edtico. Abordar las causas multifac\u00e9ticas de la inseguridad lleva tiempo. Requiere determinaci\u00f3n pol\u00edtica y paciencia estrat\u00e9gica para transformar la relaci\u00f3n de las instituciones estatales con las comunidades marginadas afectadas por la inseguridad. Tambi\u00e9n podr\u00eda requerir procesos pol\u00edticos similares a los programas de desarme, desmovilizaci\u00f3n y reintegraci\u00f3n (DDR) para ayudar a las pandillas y grupos criminales a disolver sus organizaciones y retomar medios l\u00edcitos de subsistencia y desarrollo. Como parte de estos procesos, es necesario empoderar a las comunidades y organizaciones sociales que trabajan para reducir los espacios de gobierno criminal en esas mismas comunidades. Asimismo, requiere coordinaci\u00f3n estrat\u00e9gica con las fuerzas del orden y las instituciones de justicia penal para adoptar modelos de justicia restaurativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Las organizaciones de la sociedad civil desempe\u00f1an un papel fundamental en esta estrategia. Iglesias y grupos religiosos ya han trabajado arduamente para transformar la vida de las personas y las comunidades. Algunas de ellas, junto con organizaciones de derechos humanos, han sido cruciales en la defensa de los m\u00e1s vulnerables y en la promoci\u00f3n de acciones que priorizan los derechos humanos en su seguridad. Debemos aprender de su experiencia para asegurar el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wYz3uNVM0kA&#038;list=PL7U5MR1MRZnbDNcbXweav&#8211;qNlDVlUK8E&#038;index=18\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jos\u00e9 Miguel Cruz Are human rights irreconcilable with public safety? The apparent and highly publicized success of Nayib Bukele\u2019s State of Exception in El Salvador has placed this question in the public debate across the region. Bukele and his officials have explicitly declared that human rights impede the safety and well-being of the population. 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