El 12 de noviembre del 2024, la Asamblea Legislativa aprob\u00f3 dos leyes que, seg\u00fan las versiones p\u00fablicas votadas, buscan garantizar la protecci\u00f3n de los datos personales y adoptar de ciberseguridad y seguridad de la informaci\u00f3n en el poder de las instituciones p\u00fablicas. Aunque reconocemos la importancia de contar con mecanismos de protecci\u00f3n de datos personales, y lo relevante de tener una entidad que coordina la ciberseguridad a nivel estatal y para la poblaci\u00f3n, especialmente a la luz de las m\u00faltiples vulneraciones sufridas por la sociedad salvadore\u00f1a en eventos como los relacionados con la billetera digital Chivo, el software Pegasus, y las filtraciones de datos de entidades p\u00fablicas, tales como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Salvadore\u00f1o del Seguro Social, creemos que esto no debe llevarse a cabo a costa. de poner en riesgo grave el derecho fundamental a la libertad de expresi\u00f3n y de prensa, o de afectar la capacidad operativa del sector privado.<\/p>\n\n\n\n
Los decretos aprobados establecieron nuevas obligaciones para los medios de comunicaci\u00f3n, las organizaciones de la sociedad civil, para quienes ejercen el periodismo y la investigaci\u00f3n en el marco del derecho a la contralor\u00eda social.<\/p>\n\n\n\n
Una de estas obligaciones es la de eliminar datos personales, en virtud de la cual cualquier funcionario o actor con poder pol\u00edtico o econ\u00f3mico podr\u00e1 exigir a una organizaci\u00f3n o a un medio de comunicaci\u00f3n borrar los nombres y apellidos de personas se\u00f1aladas por cometer actos de corrupci\u00f3n, por considerar que lo publicado es inexacto, desactualizado o incompleto, a\u00fan si existen indicios corroborables. En caso de discrepancia entre periodistas y las personas se\u00f1aladas por corrupci\u00f3n, ser\u00e1 la nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), una entidad bajo control del \u00d3rgano Ejecutivo, la que decidir\u00e1 qu\u00e9 es inexacto, desactualizado o incompleto, abriendo la puerta a la arbitrariedad y creando un ente con capacidad de decidir qu\u00e9 debe considerarse verdad y qu\u00e9 no.<\/p>\n\n\n\n
Preocupa el poder casi ilimitado que se le otorga a la ACE, ya que, seg\u00fan el art\u00edculo 50 de la ley de datos personales, esta agencia tiene la facultad de controlar, inspeccionar y supervisar a los entes obligados. Es decir, se le permite interferir, sin l\u00edmite legal concreto, en el trabajo de los medios de comunicaci\u00f3n y de las organizaciones que investigan y documentan violaciones a los derechos humanos, ya que usan datos personales.<\/p>\n\n\n\n
Vuelven sujetos a obligados a todas las personas, sin excepci\u00f3n, con lo cual se deben nombrar personas delegadas de protecci\u00f3n de datos personales, incrementando los costos de operaci\u00f3n de las peque\u00f1as y las micro empresas, en un ambiente econ\u00f3mico adverso. Adem\u00e1s, actores se\u00f1alados de corrupci\u00f3n o violaciones a los derechos humanos podr\u00edan acusar legal o directamente a periodistas e integrantes de organizaciones sociales, oblig\u00e1ndolas a responder con su patrimonio e integridad en disputas legales ante la ACE.<\/p>\n\n\n\n
Las nuevas leyes permiten la presentaci\u00f3n masiva de solicitudes de acceso a datos personales y de cancelaci\u00f3n u oposici\u00f3n al tratamiento de datos en el marco de investigaciones de corrupci\u00f3n en contra de la prensa y las organizaciones, lo cual podr\u00eda dejar inoperativa a una entidad por los costos legales que supone procesar dichas peticiones y litigar en audiencias frente a la ACE, bajo control del \u00d3rgano Ejecutivo que, de acuerdo con datos de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de El Salvador, es uno de los principales agresores de la prensa. Preocupa la capacidad de una organizaci\u00f3n social, peque\u00f1a empresa o medio de comunicaci\u00f3n, para resistir cientos de solicitudes de cancelaci\u00f3n de datos personales y apelaciones.<\/p>\n\n\n\n
Inquieta el derecho al olvido, porque actores se\u00f1alados de graves violaciones a los derechos humanos o corrupci\u00f3n pueden exigir a medios de comunicaci\u00f3n u organizaciones sociales que borren contenido de internet. Preocupa que actores se\u00f1alados de corrupci\u00f3n consideren que no es relevante publicar datos que los se\u00f1alan de robar dinero p\u00fablico, y se teme que la ACE sancione a los medios que se nieguen a borrar esos contenidos. Preocupa adem\u00e1s que se permita borrar la historia de casos de cr\u00edmenes de lesa humanidad, como las masacres de la guerra civil, debido a que las personas se\u00f1aladas la consideran no pertinente o inadecuada.<\/p>\n\n\n\n
Se lamenta que la nueva ley de datos personales se aplica a los medios de comunicaci\u00f3n ya las organizaciones sociales, pero no a los cuerpos de seguridad p\u00fablica como la Polic\u00eda Nacional Civil, una de las principales instituciones se\u00f1aladas para abusar de los datos personales contenidos en fichas fraudulentas usadas en la detenci\u00f3n de millas de personas inocentes.<\/p>\n\n\n\n
En un contexto donde la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas est\u00e1n en peligro, estas leyes representan un retroceso que podr\u00eda silenciar a la prensa, obstaculizar el trabajo de la sociedad civil y borrar de la memoria colectiva hechos esenciales para la justicia. La protecci\u00f3n de los derechos fundamentales no puede subordinarse al control estatal ni convertirse en una herramienta de censura.<\/p>\n\n\n\n
Por lo anterior, pedimos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Organizaciones firmantes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n
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