{"id":17486,"date":"2025-02-14T14:00:10","date_gmt":"2025-02-14T14:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/cristosal.org\/ES\/?p=17486"},"modified":"2025-02-14T14:00:10","modified_gmt":"2025-02-14T14:00:10","slug":"reformas-a-ley-penal-juvenil-para-que-adolescentes-sean-recluidos-en-centros-penales-de-adultos-violan-la-constitucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cristosal.org\/es\/reformas-a-ley-penal-juvenil-para-que-adolescentes-sean-recluidos-en-centros-penales-de-adultos-violan-la-constitucion\/","title":{"rendered":"Reformas a Ley Penal Juvenil para que adolescentes sean excluidos en centros penales de adultos violan la Constituci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

San Salvador, 13 de febrero de 2025<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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La reforma a la Ley Penal Juvenil, que permite enviar a adolescentes a centros penales para adultos, viola el art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n (Cn), que expresamente establece que \u201clos menores de edad estar\u00e1n sujetos a un r\u00e9gimen jur\u00eddico especial\u201d; as\u00ed como el art. 37 literal c) de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o y las Reglas m\u00ednimas de las Naciones Unidas para la administraci\u00f3n de la justicia de menores (\u201cReglas de Beijin\u201d), que orientan a la reeducaci\u00f3n, la integraci\u00f3n social y la deshabituaci\u00f3n de conductas violentas; y la Observaci\u00f3n General No. 10: Los Derechos del Ni\u00f1o en la Justicia de Menores (2007), Observaci\u00f3n General No. 24: Los derechos del ni\u00f1o en el sistema de justicia juvenil (2019), ambas del Comit\u00e9 de Derechos del Ni\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Las reformas al art\u00edculo 119 de la Ley Penal Juvenil implican:<\/p>\n\n\n\n

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  1. Reclusi\u00f3n de adolescentes en detenci\u00f3n provisional en c\u00e1rceles destinadas a adultos;<\/li>\n\n\n\n
  2. Reclusi\u00f3n de adolescentes con pena de prisi\u00f3n en c\u00e1rceles destinadas a adultos;<\/li>\n\n\n\n
  3. El r\u00e9gimen penitenciario ser\u00e1 aplicado por la Direcci\u00f3n General de Centros Penales; y<\/li>\n\n\n\n
  4. Personas que fueron procesadas y juzgadas siendo adolescentes y que cumplan la mayor\u00eda de edad, que se encuentren con medida cautelar (no se aclara si se trata de detenci\u00f3n provisional) deber\u00e1n ser trasladadas a c\u00e1rceles para adultos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    El r\u00e9gimen especial al que se refiere el art\u00edculo 35 Cn establece un sistema de justicia distinto al de personas adultas, su fin es socioeducativo. Seg\u00fan la Sala de lo Constitucional, este r\u00e9gimen especial "no se justifica \u00fanicamente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado salvadore\u00f1o respecto a los est\u00e1ndares derivados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino por la evidente especificidad y diferencia de un sector de la poblaci\u00f3n que se encuentra en un proceso de desarrollo personal que culminar\u00e1 en la adultez. En el caso de las ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes, en virtud de su progresivo nivel de desarrollo f\u00edsico y mental necesitan de una protecci\u00f3n especial en t\u00e9rminos materiales, psicol\u00f3gicos y afectivos para garantizar su arm\u00f3nica evoluci\u00f3n hasta la madurez e irles proveyendo de las condiciones que necesitan para convertirse en miembros aut\u00f3nomos de la sociedad\u201c.<\/p>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s, la Sala ha advertido que \u201cel tratamiento distinto al que hace menci\u00f3n el art\u00edculo 35 inciso 2\u00b0 Cn., no se refiere \u00fanicamente a la separaci\u00f3n formal respecto de la normativa general o com\u00fan \u2014es decir, el c\u00f3digo penal y c\u00f3digo procesal penal\u2014, sino que implica una regulaci\u00f3n especial de la materia que incluso conlleva a normativa regular aspectos sustanciales y de ejecuci\u00f3n\u201d. (46-COMP-2021).<\/p>\n\n\n\n

    Las reformas al art. 119 de la Ley Penal Juvenil (LPJ) ya los arts. 6,37,73,74 y 90 de la Ley Penitenciaria tambi\u00e9n ri\u00f1en con las multas establecidas para las medidas de privaci\u00f3n de libertad o internamiento para las personas menores de dieciocho a\u00f1os, ordenadas por los arts. 27 y 35 de la Cn y desarrollados por el art. 9 de la LPJ, que determina que la finalidad debe ser \u201cprimordialmente educativa y se complementar\u00e1n, en su caso, con la intervenci\u00f3n de la familia y el apoyo de especialistas que el juez determine\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n

    Asimismo, contradice la Ley Crecer Juntos para la Protecci\u00f3n Integral de la Primera Infancia, Ni\u00f1ez y Adolescencia (Ley Crecer Juntos), que establece que le corresponde al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Ni\u00f1ez y Adolescencia la administraci\u00f3n de los programas destinados al cumplimiento de la detenci\u00f3n preventiva y la ejecuci\u00f3n de las medidas socioeducativas de los adolescentes con responsabilidad penal (Art. 131 inc. 2\u00ba Ley Crecer Juntos); Pues la reforma deja a la Direcci\u00f3n General de Centros Penales el r\u00e9gimen al que ser\u00e1n sometidos, tanto adolescentes a los que les asiste la presunci\u00f3n de inocencia y que se encuentran en detenci\u00f3n provisional ya quienes tienen medida de internamiento o pena de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Por lo anterior, Cristosal:<\/p>\n\n\n\n