10 de julio 2024<\/p>\n\n\n\n
El Salvador posee desde marzo de 2022 un estado de derecho roto donde las principales garant\u00edas constitucionales, como la presunci\u00f3n de inocencia o el derecho a un juicio justo, est\u00e1n suspendidas de facto<\/em> en nombre de la seguridad. Tambi\u00e9n cuenta con un sistema de justicia hecho a la medida del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n donde los jueces han perdido su independencia. El costo humano de esta pol\u00edtica es alto: 261 personas adultas y cuatro ni\u00f1as y ni\u00f1os han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024. Estas muertes, a su vez, han dejado al menos a 176 hijas o hijos en orfandad; mientras que el encarcelamiento masivo pone en alguna modalidad de abandono a un estimado de 62,022 ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes menores de 15 a\u00f1os.\u00a0<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Lo anterior forma parte de los hallazgos del \u00faltimo informe de Cristosal: \u201cEl silencio no es opci\u00f3n: Investigaci\u00f3n sobre las pr\u00e1cticas de tortura, muerte y justicia fallida en el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n\u201d<\/strong>, que tambi\u00e9n demuestra c\u00f3mo esta suspensi\u00f3n de derechos afecta principalmente a personas pobres y mujeres. Ante la nula informaci\u00f3n oficial sobre el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, la evidencia de este documento \u2013as\u00ed como los publicados por otras organizaciones salvadore\u00f1as\u2013 constituye un importante aporte a la b\u00fasqueda de justicia para las personas inocentes que fueron afectadas.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n La evidencia presentada en la investigaci\u00f3n es ampl\u00eda: las 3,643 denuncias por abusos o violaciones de derechos recibidas por Cristosal entre marzo de 2022 y abril de 2024. Tambi\u00e9n una muestra de 110 entrevistas y el an\u00e1lisis de 7,742 casos de mujeres detenidas bajo el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n. As\u00ed como una investigaci\u00f3n profunda sobre 265 muertes (4 de ellas correspondientes a ni\u00f1as y ni\u00f1os), y la sistematizaci\u00f3n y estudio de una muestra de 1,178 casos de personas detenidas en 2022. Todo esto a trav\u00e9s de un equipo multidisciplinario que incluye a personas analistas de datos, m\u00e9dicas y m\u00e9dicos forenses, investigadoras e investigadores, abogadas y abogados, criminalistas, entre otras y otros profesionales.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Uno de los casos que ilustra la gravedad de lo denunciado es el caso de Dina Hern\u00e1ndez, una activista de derechos humanos de 28 a\u00f1os que estaba embarazada de 35 semanas cuando fue detenida en marzo de este a\u00f1o y acusada de agrupaciones il\u00edcitas, sin aportar pruebas de esto. Un juez le otorg\u00f3 24 horas despu\u00e9s medidas sustitutivas, pero las autoridades penitenciarias no cumplieron la orden y ese mismo d\u00eda otro tribunal orden\u00f3 su detenci\u00f3n atribuy\u00e9ndole un delito distinto. Tres semanas despu\u00e9s su familia supo que la hija que gestaba hab\u00eda muerto y pudo solo recoger el cad\u00e1ver. La familia no tiene informaci\u00f3n sobre las condiciones de salud de Dina y desconoce si ha recibido atenci\u00f3n posnatal.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n El estudio de m\u00e1s de mil casos judiciales, unido a los cientos de testimonios recogidos por Cristosal, confirma que gran parte de las personas criminalizadas por el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n no solo no pertenecen a pandillas, sino que son inocentes. Incluso, en algunos casos, se trata de ciudadanos y ciudadanas que fueron por a\u00f1os v\u00edctimas directas de la violencia ejercida en sus comunidades por las pandillas y enfrentan ahora la violencia institucional del Estado.<\/p>\n\n\n\n El documento tambi\u00e9n aborda la vulneraci\u00f3n de los derechos humanos de las mujeres cuidadoras y buscadoras de justicia. Cristosal verific\u00f3 que, tras la detenci\u00f3n de las madres, el rol de cuidado se traslada a otras mujeres que se convierten as\u00ed en proveedoras para varios ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes o todo un grupo familiar, con un alto costo para su propia salud f\u00edsica y mental, o para su proyecto de vida. Esta carga profundiza las inequidades sociales, impide a las mujeres alcanzar su autonom\u00eda econ\u00f3mica y las expone a m\u00e1s pobreza.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Cristosal llama al Estado salvadore\u00f1o a responder por todos estos se\u00f1alamientos, garantizar justicia y reparaci\u00f3n para las v\u00edctimas bajo custodia del Estado. Tambi\u00e9n pide la liberaci\u00f3n y reparaci\u00f3n de las personas inocentes capturadas y que cumpla su papel con las ni\u00f1as y ni\u00f1os en orfandad por estas pol\u00edticas. Asimismo, exige justicia para las v\u00edctimas de las pandillas, quienes merecen conocer a los responsables a trav\u00e9s de la identificaci\u00f3n individual de sus actos.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n