{"id":11342,"date":"2022-12-06T17:41:11","date_gmt":"2022-12-06T17:41:11","guid":{"rendered":"https:\/\/cristosal.org\/ES\/?p=11342"},"modified":"2022-12-06T17:41:11","modified_gmt":"2022-12-06T17:41:11","slug":"filtracion-de-base-de-datos-apunta-a-abusos-a-gran-escala","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cristosal.org\/es\/filtracion-de-base-de-datos-apunta-a-abusos-a-gran-escala\/","title":{"rendered":"Filtraci\u00f3n de base de datos apunta a abusos a gran escala"},"content":{"rendered":"<p>Violaciones del debido proceso, sobrepoblaci\u00f3n y pocas perspectivas de justicia.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img alt=\"\" fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"684\" src=\"https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DSC8901-1024x684-1.jpg\" class=\"wp-image-11345\" srcset=\"https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DSC8901-1024x684-1.jpg 1024w, https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DSC8901-1024x684-1-300x200.jpg 300w, https:\/\/cristosal.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/DSC8901-1024x684-1-768x513.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprob\u00f3 un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, que suspendi\u00f3 derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas. La medida se ha prorrogado 10 veces y a\u00fan se encuentra vigente. Desde marzo, polic\u00edas y soldados han detenido a m\u00e1s de 61.000 personas, seg\u00fan cifras oficiales. Alrededor de 3.000 han sido liberadas de prisi\u00f3n, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58.000 permanecen encarceladas.&nbsp;<\/em><em>Foto: Emerson Flores<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>(Nueva York) \u2013 Una base de datos a la cual tuvo acceso Human Rights Watch respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador. Los datos oficiales respaldan los se\u00f1alamientos hechos por Human Rights Watch y Cristosal.<\/p>\n\n\n\n<p>La base de datos, que presuntamente pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica, enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y multas de agosto de 2022 durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n en el pa\u00eds. La base de datos indica que miles de personas, incluidos cientos de ni\u00f1os y ni\u00f1as, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garant\u00edas b\u00e1sicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las v\u00edctimas de la violencia de las pandillas. El documento tambi\u00e9n respalda hallazgos anteriores, presentados por Human Rights Watch y Cristosal, sobre la sobrepoblaci\u00f3n varios en centros penales y la muerte de personas en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEsta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n\u201d, expres\u00f3 Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cLos datos revelan que las autoridades salvadore\u00f1as han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de ni\u00f1os, a un hacinamiento extremo en centros de detenci\u00f3n abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las v\u00edctimas de los graves abusos cometidos por pandillas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprob\u00f3 un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, que suspendi\u00f3 derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas. La medida se ha prorrogado 10 veces y a\u00fan se encuentra vigente. Desde marzo, polic\u00edas y soldados han detenido a m\u00e1s de 61.000 personas, seg\u00fan cifras oficiales. Alrededor de 3.000 han sido liberadas de prisi\u00f3n, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58.000 permanecen encarceladas.<\/p>\n\n\n\n<p>La base de datos proporciona los nombres, las edades y el g\u00e9nero de las personas procesadas durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n entre marzo y agosto de 2022. Tambi\u00e9n contiene informaci\u00f3n sobre los delitos de los cuales se acusa a las personas detenidas y el lugar donde fueron arrestadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Una fuente confiable se\u00f1al\u00f3 que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad P\u00fablica. Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch compar\u00f3 los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicaci\u00f3n, e identific\u00f3 m\u00e1s de 300 coincidencias. El documento tambi\u00e9n contiene informaci\u00f3n sobre los delitos imputados a los detenidos, los establecimientos de detenci\u00f3n a los que fueron enviados y la cantidad total de personas en detenci\u00f3n provisional. Esta informaci\u00f3n resulta consistente con los hallazgos de Human Rights Watch y Cristosal y con informaci\u00f3n publicada por las autoridades gubernamentales sobre el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La siguiente informaci\u00f3n encontrada en la base de datos plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>A multas de agosto, 1.082 menores detenidos durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n \u2014918 ni\u00f1os y 164 ni\u00f1as\u2014 hab\u00edan sido enviados a detenci\u00f3n provisional, incluidos 21 que ten\u00edan 12 o 13 a\u00f1os. Estos encarcelamientos fueron posibles debido a una ley de marzo de 2022 que redujo la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 a\u00f1os para los ni\u00f1os y ni\u00f1as acusados de delitos relacionados con pandillas.<\/li>\n\n\n\n<li>La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayor\u00eda en los penales de Izalco y La Esperanza, tambi\u00e9n conocida como Mariona. En noviembre, las autoridades salvadore\u00f1as informaron que 90 personas detenidas hab\u00edan fallecido desde marzo, en circunstancias que las autoridades todav\u00eda no han investigado de forma adecuada.<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e1s de 39.000 personas hab\u00edan sido acusadas del delito de \u201cagrupaciones il\u00edcitas\u201d y m\u00e1s de 8.000 por ser miembros de una \u201corganizaci\u00f3n terrorista\u201d. En comparaci\u00f3n, muchas menos personas hab\u00edan sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0,3 % de los detenidos) o agresi\u00f3n sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %). El Salvador define<a><\/a><a><\/a>&nbsp;el delito de \u201cagrupaciones il\u00edcitas\u201d para criminalizar no s\u00f3lo a las personas que lideran o participan en estos grupos criminales, sino tambi\u00e9n a quienes obtienen \u201cprovecho (\u2026) indirectamente\u201d de las relaciones \u201cde cualquier naturaleza\u201d con las pandillas. El derecho salvadore\u00f1o define \u201corganizaci\u00f3n terrorista\u201d de una forma amplia que no resulta compatible con los est\u00e1ndares internacionales. El uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexi\u00f3n relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales.<\/li>\n\n\n\n<li>Al mes de agosto, m\u00e1s de 50.000 personas hab\u00edan sido enviadas a detenci\u00f3n provisional, elevando la poblaci\u00f3n penitenciaria a m\u00e1s de 86.000 personas. De acuerdo con informaci\u00f3n oficial, al mes de febrero de 2021, el sistema penitenciario de El Salvador ten\u00eda capacidad para 30.000 personas. Asimismo, el documento revela que m\u00e1s de 7.900 mujeres hab\u00edan sido enviadas a detenci\u00f3n provisional, una cifra que duplica la cantidad total de mujeres que se encontraron detenidas en El Salvador en febrero de 2021.<\/li>\n\n\n\n<li>La mayor\u00eda de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la poblaci\u00f3n penitenciaria aument\u00f3 de 7.600 a 33.000, y al penal de Izalco, donde este incremento pas\u00f3 de 8.500 a 23.300. Seg\u00fan la base de datos, al mes de agosto, Mariona ten\u00eda cuatro veces m\u00e1s detenidos de los que pod\u00eda albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad. Otros centros de detenci\u00f3n, como el penal para mujeres de Ilopango y el penal para hombres de San Miguel, ten\u00edan una poblaci\u00f3n carcelaria seis veces superior a su capacidad. En octubre, el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, expres\u00f3 que las mujeres detenidas en Ilopango hab\u00edan sido trasladadas a otra c\u00e1rcel.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Naciones Unidas&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.hrw.org\/es\/report\/2022\/12\/07\/podemos-detener-quien-queramos\/violaciones-generalizadas-de-derechos-humanos#https:\/\/www.hrw.org\/es\/report\/2022\/12\/07\/podemos-detener-quien-queramos\/violaciones-generalizadas-de-derechos-humanos\">informar<\/a>&nbsp;de diciembre de 2022 elaborado por Human Rights Watch y Cristosal concluy\u00f3 que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n, incluidas detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, muerte bajo custodia y procesos penales abusivos. En algunos casos, los agentes tambi\u00e9n se negaron a proporcionar informaci\u00f3n sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparici\u00f3n forzada conforme al derecho internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos que han sufrido durante a\u00f1os la falta de oportunidades econ\u00f3micas y educativas. Los arrestos masivos han llevado a la detenci\u00f3n de cientos de personas sin conexi\u00f3n aparente con las actividades delictivas de las pandillas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los abusos cometidos durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n han sido posibilitados gracias al desmantelamiento acelerado de las instituciones democr\u00e1ticas encabezadas por el presidente Nayib Bukele desde que consider\u00f3 el cargo en 2019. En la actualidad, no existe pr\u00e1cticamente ning\u00fan \u00f3rgano gubernamental independiente que pueda servir como freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las v\u00edctimas de abusos.<\/p>\n\n\n\n<p>El gobierno tambi\u00e9n ha limitado el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y ha debilitado la labor del Instituto de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica. Las autoridades se\u00f1alaron a Human Rights Watch ya Cristosal que la informaci\u00f3n sobre las personas detenidas durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n era \u201creservada\u201d, aun cuando se trata de informaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico conforme a los est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades salvadore\u00f1as deben reemplazar el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la poblaci\u00f3n de los abusos que estos cometen, se\u00f1alaron Human Rights Watch y Cristosal. Esto incluye abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusi\u00f3n social, e impulsar procesos penales estrat\u00e9gicos enfocados en juzgar a los l\u00edderes de pandillas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigaci\u00f3n y el cumplimiento de garant\u00edas judiciales. Por eso, reiteramos el llamado a los gobiernos de la regi\u00f3n a garantizar seguridad sin injusticias a la ciudadan\u00eda\u201d, expres\u00f3 Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Violaciones del debido proceso, sobrepoblaci\u00f3n y pocas perspectivas de justicia. 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