29 de octubre/2024
San Salvador, 29 de octubre de 2024. Derechos fundamentales como la libertad de expresión, participación y asociación están siendo vulnerados en El Salvador. Así lo confirmó el 99.2% de las 128 organizaciones consultadas, que reportaron haber sufrido al menos una violación de cada uno de estos derechos cívicos. Esta información fue recopilada y sistematizada por el equipo de investigación de Cristosal en el informe titulado: «“Ver, oír y callar”: la nueva realidad del espacio cívico en El Salvador».
El informe identifica tres patrones principales en el impacto de las políticas y prácticas gubernamentales hacia las personas organizadas: censura (y autocensura), cierre de espacios y persecución.
En El Salvador, el 85.9% de las organizaciones recurre a la autocensura, limitando su libertad de expresión y participación, trabajando a puertas cerradas para evitar ataques, e incluso ocultando su identidad en espacios públicos y virtuales. Además, el 53.9% de las organizaciones ha sido víctima de ciberacoso, manteniendo a defensores de derechos humanos y activistas bajo asedio constante por parte del Estado, que emplea diversos mecanismos de persecución y difamación. Cristosal ha documentado, además, 24 casos de personas organizadas detenidas bajo el régimen de excepción.
El 74.2% de las organizaciones reporta un cierre progresivo de espacios públicos y de canales de comunicación con instituciones estatales, lo que limita la labor organizativa y sus alcances. El discurso oficial contra la llamada “ideología de género” ha favorecido también la censura y cierre de espacios para organizaciones feministas y LGBTIQA+. Las redes sociales son el escenario principal de ataques: el 37.6% de las organizaciones señala a influencers afines al gobierno como los principales agresores, seguidos por la Presidencia de la República (24.6%) y diputados oficialistas (18.8%).
La movilidad humana es otra de las medidas que las organizaciones han considerado ante el cierre del espacio cívico y las políticas de acoso. El informe detalla que el 6.5% de las organizaciones reportan que algún miembro de su organización ha migrado.
Según el informe, el principal responsable de estas vulneraciones a los derechos de expresión, participación y asociación es el Estado salvadoreño, quien debería ser el garante de un entorno que permita a las organizaciones trabajar sinérgicamente en beneficio de la población. A pesar de este contexto hostil, las organizaciones mantienen su compromiso de construir un país más justo y equitativo. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar estos derechos fundamentales para todas las personas, sin excepciones ni represalias.