El informe sobre el primer año del régimen de excepción de Cristosal presenta la primera lista verificada de personas que murieron bajo la custodia del Estado y documenta prácticas de tortura sistemáticas al interior de los centros penales. También aborda la situación de las mujeres, niñas, niños adolescentes y población LGTBIQ+, así como las reformas judiciales que limitan o imposibilitan garantías judiciales básicas.
La organización documentó 139 muertes durante el primer año del régimen, es decir, entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. De estas, cuatro corresponden a mujeres y 135 a hombres. Ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención. Hasta abril de 2023, la cifra de muertes registradas por Cristosal era de 153.
Para obtener esta información, la organización llevó a cabo investigaciones de campo -incluidas en fosas comunes-, recolección de una amplia documentación fotográfica de los cuerpos y de esquelas del Instituto de Medicina Legal (IML); así como entrevistas a familiares, vecinos, conocidos de las personas fallecidas y a personas que estuvieron detenidas. La gran mayoría de personas entrevistadas manifestó temor a ser identificados o dar declaraciones públicas, debido al miedo a represalias por parte de las autoridades. Además, su máxima preocupación es garantizar la subsistencia y el cuidado de los hijos e hijas de las personas fallecidas. Incluso, muchas de estas familias también han sufrido desplazamiento forzado.
La investigación realizada por Cristosal revela que las muertes ocurridas bajo custodia del Estado fueron el resultado de torturas y lesiones graves y sistemáticas infligidas a las personas detenidas. Fotografías y el propio IML documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres. Casi la mitad de las personas fallecidas en centros penitenciarios fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas. Además, cerca de un quinto de estas muertes fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose incluso muertes por desnutrición.
El informe detalla decenas de testimonios y casos. Uno de estos, es el de un joven de 24 años que se dedicaba a la pesca y murió en la ambulancia antes de ingresar al Hospital Nacional Zacamil. Su cuerpo presentaba una perforación que traspasaba uno de sus hombros y laceraciones en las rodillas, pero la esquela del IML determinó que murió a consecuencia de “edema pulmonar”. El impacto de la muerte provocó que su esposa de cinco meses de embarazo perdiera a su futuro hijo.
El informe de la organización profundiza en las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido infligidos de manera generalizada a miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción. Estas acciones revelan claramente que forman parte de una política punitiva llevada a cabo por los custodios y funcionarios de la administración penitenciaria. Es evidente que tales acciones requieren la autorización y el respaldo de las autoridades de más alto nivel en el ámbito de Seguridad.
