9 de septiembre 2024
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador, es urgente que el Estado salvadoreño cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas incluyen la creación de un registro de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, la investigación de muertes y casos de tortura de personas detenidas bajo custodia estatal, y el establecimiento de un plan integral de reparación para las víctimas y sus familiares. También las recomendaciones para garantizar el debido proceso y permitir las visitas de familiares a los detenidos.
«Estas medidas, antes vistas en el conflicto armado, reflejan la gravedad de las violaciones bajo el régimen de excepción, cuya prolongación vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos», comentó David Morales, jefe jurídico de justicia transicional de Cristosal. «Este informe es hasta hoy el llamado internacional más fuerte para que cesen las violaciones a los derechos humanos en El Salvador que está ocasionando el régimen de excepción», agregó.
Durante su intervención, Morales también apuntó que «la CIDH afirma que la tortura es inaceptable y recomienda investigar detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia del Estado, además de reparar a las víctimas».
El informe titulado «Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador», publicado por la CIDH la semana pasada, representa una validación de las voces de las víctimas con las que trabajan las organizaciones salvadoreñas. Asimismo, reconoce el esfuerzo técnico y científico de estas organizaciones al documentar las violaciones de derechos humanos, ante la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública.
La opacidad en la información de detenidos, procesos judiciales, muertes bajo custodia del Estado y uso de fondos públicos es otro de los señalamientos del informe que las organizaciones destacaron. «El informe representa una validación de las voces de las víctimas, con quienes trabajamos día a día. Nosotras, como organizaciones, documentamos, compartimos y publicamos esta información ante la falta de cifras y el bloqueo de información pública», dijo Gabriela Santo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
«El Estado salvadoreño, mientras señala la falta de transparencia en un comunicado de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, es el mismo que niega información a la @CIDH en varios apartados», añadió, sobre ese punto, Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista.
Este robusto informe, el más completo hasta la fecha sobre el régimen de excepción, fue elaborado con información de organizaciones sociales, del Estado y otras fuentes. Sin embargo, el Estado salvadoreño no ha permitido una visita de la CIDH al país para constatar directamente la situación.
El informe también desmonta la falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad, señalando en una de sus conclusiones: “La contraposición de estos dos aspectos es un falso dilema. La garantía y protección de los derechos humanos deben ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana”.
Como las organizaciones han solicitado durante los últimos años, la CIDH también recomendó que el Estado modifique la legislación para incorporar más medidas alternativas a la prisión preventiva, así como ajustar las leyes penales y procesales adoptadas o reformadas durante el régimen de excepción a los estándares interamericanos. Lo mismo aplica para la legislación en justicia juvenil reformada en ese contexto.
Además, «la CIDH recomendó garantizar el derecho a defender derechos, con un enfoque diferenciado para mujeres y voces críticas, y se llamó a desestigmatizar a familiares y víctimas del régimen de excepción», destacó Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras.
Las organizaciones que brindaron su postura son Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos (RSDH), el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Para las organizaciones, este informe posiciona a El Salvador a nivel internacional como un Estado violador de derechos humanos, donde se han perdido los controles propios de una democracia y prevalece la arbitrariedad en un escenario de concentración de poder. Asimismo, esperan que el Estado acate estas recomendaciones y garantice justicia y reparación para las personas inocentes afectadas por el régimen de excepción.