Miércoles, 3 de octubre de 2024. Por décadas, las víctimas del conflicto armado en El Salvador han exigido verdad y justicia sin obtener respuestas claras ni avances sustanciales. La impunidad sigue siendo una constante, con crímenes graves como las masacres de Santa Marta y la paralización del juicio por la masacre de El Mozote. Esto contrasta con la celeridad en el caso «ADES-Santa Marta», donde cinco ambientalistas, conocidos por su lucha contra la minería metálica, enfrentan acusaciones.
La lucha de las víctimas por la verdad y justicia siempre ha sido de forma pacífica, mediante la aplicación debida de la ley. El avance de procesos cargados de arbitrariedades o sesgos solo supone una manipulación que termina revictimizando a quienes sufrieron esas atrocidades, y que llevan décadas esperando por el acceso a procesos judiciales independientes e imparciales.
También preocupa el posible interés del gobierno en reactivar la minería metálica, prohibida desde 2017. Mientras tanto, la falta de avances en casos como las desapariciones forzadas y el bloqueo de archivos militares históricos demuestran que las acciones del Estado favorecen la impunidad de los responsables de los crímenes de guerra.
En el caso «ADES-Santa Marta», Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, enfrentan cargos por un presunto crimen de guerra. Cristosal reconoce que estos delitos no prescriben, pero insiste en que deben ser juzgados con respeto al debido proceso.
Además, Cristosal expresa su preocupación por las violaciones al debido proceso, incluida la falta de seriedad en la investigación fiscal y las restricciones a la libertad que han puesto en riesgo su salud e integridad. Los ambientalistas sufrieron ocho meses de incomunicación absoluta y posterior arresto domiciliario. Esta situación ha sido condenada por la relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien ha solicitado su libertad. Cristosal reitera su llamado a las autoridades para que la justicia prevalezca sin sesgos ni manipulaciones políticas. Solo con procesos justos y transparentes se podrá garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia tanto para los ambientalistas como para las víctimas de las atrocidades del pasado conflicto armado. La verdadera justicia transicional debe servir a las víctimas, no a los intereses de los poderosos.