San Salvador, 30 de abril de 2025
Ante más de un año de inacción en el caso de la muerte de Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez bajo custodia del Estado salvadoreño, Cristosal, en representación de su familia, presentó un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio agravado. El caso, además, tiene especial relevancia por los presuntos actos de corrupción y narcotráfico dentro del Estado que la víctima denunció antes de su captura.
Durante su detención, el Estado negó sistemáticamente información sobre su paradero y estado de salud, configurándose así la desaparición forzada. Además, existen elementos suficientes para presumir que Muyshondt fue sometido a tortura, mediante castigos físicos y mentales que derivaron en graves lesiones. Su fallecimiento bajo custodia estatal, producto de la falta de atención adecuada y de acciones u omisiones deliberadas, configura un probable homicidio agravado por la posible participación de agentes de autoridad.
El 15 de octubre de 2024, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) publicó el “Dictamen pericial acerca de la suficiencia de la investigación sobre la muerte del Sr. Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez bajo custodia estatal tras desaparición forzada”. El análisis del expediente clínico reveló desorden, ausencia de pruebas de laboratorio y radiológicas esenciales, e irregularidades en la documentación de su estado de salud. Además, señaló que, aunque el ingreso hospitalario se registró por una hemorragia cerebral, no existen imágenes radiológicas que determinen el origen del traumatismo craneoencefálico.
Muyshondt falleció el 7 de febrero de 2024 bajo custodia del Estado salvadoreño, para el cual trabajó como asesor de Seguridad Nacional entre junio de 2019 y agosto de 2023. Fue capturado el 9 de agosto de 2023, acusado de favorecimiento a la evasión y revelación de información secreta. Durante su detención estuvo incomunicado, sin acceso a defensa particular, y sufrió graves lesiones en la cabeza, probablemente por tortura, que derivaron en meningitis aséptica, accidente cerebrovascular isquémico, pérdida de movilidad y del habla, entre otros padecimientos, hasta causarle la muerte. Además, fue sometido a tratamientos e intervenciones médicas sin informar ni obtener el consentimiento de su familia. Antes de su detención, había denunciado actos de corrupción y narcotráfico en el Estado.
En el aviso penal, Cristosal exige que la FGR actúe de manera inmediata y cumpla con su deber de investigar los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio agravado en la muerte de Alejandro Muyshondt. La organización advierte que la prolongada inacción de la Fiscalía no solo agrava el sufrimiento de la familia, sino que perpetúa la impunidad.
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