Honduras, 8 de octubre de 2024. Desde Cristosal, expresamos nuestra enérgica condena ante el uso desmedido de la fuerza contra la comunidad garífuna de la Aldea Nueva Armenia, en Jutiapa, Atlántida. El violento despojo de su territorio ancestral, que culminó el 6 de octubre de 2024 con varios heridos graves por armas de fuego, constituye una flagrante violación a los derechos humanos y un ataque directo a la dignidad de un pueblo indígena que ha luchado incansablemente por sus derechos.
Los pueblos indígenas tienen el derecho a sus tierras y territorios ancestrales, como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este derecho es esencial para su identidad cultural y bienestar. Además, el Convenio Nº 169 de la OIT exige el consentimiento libre, previo e informado para cualquier proyecto que afecte sus tierras o recursos, lo que implica que todas las intervenciones externas deben ser consensuadas con las comunidades afectadas, respetando su autonomía.
De igual manera, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe toda forma de discriminación, incluida la basada en la etnicidad. Este principio es fundamental para garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin importar su origen. Además, el derecho a la vida y a la integridad personal, también consagrado en la Convención, es inviolable y debe ser protegido por el Estado en todo momento.
Por esto es importante que el Estado también propicie un diálogo abierto con la comunidad de manera urgente para garantizar sus tierras ancestrales y el derecho prioritario que tienen sobre las mismas.
Instamos al Estado de Honduras a tomar medidas efectivas para proteger los derechos del pueblo garífuna, garantizando su seguridad y bienestar. Es imperativo investigar y sancionar a los responsables de la violencia en su contra. Asimismo, exigimos el cese inmediato de la discriminación, la expropiación de sus tierras y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales. El pueblo garífuna tiene el derecho inalienable de vivir en su tierra, ejercer su autonomía y disfrutar de un entorno saludable.